Según
la magistrada, Anna Diggs Taylor, ese programa es inconstitucional
porque viola los derechos a la libertad de expresión y
a la intimidad de los ciudadanos, así como la separación
de poderes que consagra la Constitución estadounidense.
Su
fallo se produce en respuesta a una denuncia presentada por la
Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU, en inglés)
contra el controvertido programa de escuchas telefónicas
y de control de correos electrónicos del Gobierno del presidente
George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
"Los
demandantes se han impuesto y el interés público
de este asunto es claro", señala la juez en su decisión.
La
ACLU había denunciado el programa en representación
de un grupo de periodistas, abogados y profesores, argumentando
que su trabajo se veía dificultado porque sus contactos
en el extranjero, como fuentes o testigos potenciales, podrían
mostrarse recelosos a compartir información por teléfono.
En
la presentación de los argumentos orales, el Departamento
de Justicia, en representación de la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA) -que es la que puso en marcha el programa-, argumentó
que la iniciativa es totalmente legal y una pieza clave en la
lucha del Gobierno contra el terrorismo.
La
polémica en torno a este asunto fue desvelada por la prensa
a finales de 2005, aunque cobró una mayor dimensión
el pasado mes de junio, cuando el diario "USA Today"
publicó que la NSA había recolectado información
sobre decenas de millones de comunicaciones telefónicas
de personas y empresas en EEUU, que reunió en una enorme
base de datos con el propósito de detectar amenazas terroristas.
El
presidente Bush ha reiterado por activa y por pasiva que el programa
es una pieza vital para la defensa de los intereses nacionales.
EFE
