La
suerte del programa esta echada, porque el presidente Manuel Zelaya
nunca respondió a la carta que el director del programa,
Guillermo Jiménez, le envió el mes anterior, solicitándole
la asignación de los 6.7 millones que necesita el proyecto
para lograr sobrevivir.
Jiménez comentó a Proceso Digital
que a raíz del silencio y la falta de voluntad gubernamental,
él y todo el personal que labora en el proyecto entregarán
las llaves de sus oficinas y trasladarán el inventario
a la Dirección de Bienes Nacionales, con lo cual el PNP
queda oficialmente clausurado el 31 de agosto.
Señaló que ante la falta de respuesta por el Poder
Ejecutivo todo el personal se ha dado por despedido de forma indirecta
y en los próximos días procederán a entablar
las demandas legales ante los tribunales laborales para que se
les reconozcan los sueldos que no les pagaron en los últimos
siete meses y otros derechos legales.
El entrevistado lamentó que el gobernante Manuel Zelaya
y ninguno de sus colaboradores haya respondido la solicitud que
se le hizo e interpretó eso como “una completa indiferencia
e inconsecuencia al mismo discurso del presidente de no matar,
no robar y no mentir”.
El cierre del PNP afectará a unas 20 organizaciones oficiales
y no gubernamentales que trabajan en el área de prevención
y rehabilitación de jóvenes pandilleros, ya que
dejarán de recibir la subvención que les asignada
el gobierno a través del PNP para hacer su trabajo con
los ex mareros.
Jiménez informó que hoy a las 4:00 de la tarde un
grupo de jóvenes de las diferentes colonias de la capital
harán una protesta pacífica frente a la Casa Presidencial,
exigiendo la continuidad del proyecto y que la maquina de borrar
tatuajes sea traspasada a una de las organizaciones que trabaja
en este campo.
Además, el plantón tendrá como objetivo reclamar
y pedir justicia para los más de 400 niños y adolescentes
que han sido asesinados en forma violenta de enero a agosto del
presente año.
“Los muchachos van a solicitar que la maquina del
proyecto Borrón y Vida Nueva pueda continuar bajo
una de estas organizaciones por la incertidumbre del gobierno
no quisiéramos que se paralizara este proceso”,
dijo.
A
principios de junio, Proceso Digital
publicó
un reportaje denunciando la difícil situación
financiera del proyecto y las maniobras de algunos activistas
políticas de desarticular el proyecto y despedir
a todos los técnicos que fueron contratados en el
gobierno anterior.
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