El
citado programa, del cual dependen más de una docena de
organizaciones no gubernamentales que trabajan con niños
y jóvenes infractores, prácticamente fue asfixiado
financieramente por la actual administración, pues en lo
que va del año no se le traspasaron los 7 millones de asignación
presupuestaria.
Hasta la fecha el PNP operó sin ningún presupuesto,
lo que dio lugar al despido y la renuncia de la mayoría
del personal técnico que trabajaba en las actividades de
rehabilitación de los ex mareros, y los únicos cuatro
empleados que quedaron lo hicieron sin devengar ningún
salario en los últimos siete meses.
A la fecha el programa arrastra una deuda de 1.017,296.14 lempiras
en concepto de salarios y compromisos administrativos.
En un reportaje especial publicado
en mayo pasado, Proceso Digital retrató
la agónica situación del programa y recogió
el testimonio del personal y los representantes de las organizaciones
afectadas por la inoperancia gubernamental.
Como ocurre cada vez que asume un gobierno de diferente partido
político, ésta vez volvió a primar el interés
sectario, ya que el gobierno despidió al secretario ejecutivo,
Guillermo Jiménez, un especialista en el tema de rehabilitación,
y en su lugar nombró a Nolvia Cruz Alvarenga.
En su último día en el cargo, Jiménez entregó
la administración del programa a la nueva directora designada
por el presidente Zelaya.
Al acto de traspaso de los bienes, recursos, proyectos y convenios
suscritos por la entidad en los últimos dos años,
acudieron los representantes de diversas organizaciones que trabajan
en la atención a niños y jóvenes en riesgo
social, entre ellas, sor María Rosa, presidenta de la Sociedad
Amiga de los Niños.
“Hoy hacemos el traspaso de la antorcha a una nueva administración,
con la esperanza de superar la existente”, dijo Jiménez,
quien indicó que en un acto de transparencia se invitó
a la Fiscalía General de la República y a los medios
de comunicación a ser testigos del traspaso del proyecto
a las nuevas autoridades.
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| Guillermo Jiménez. |
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“Hacemos un llamado al gobierno y a todos los sectores
de la sociedad para invertir más recursos en la prevención
de la violencia, la rehabilitación e inserción
social; esto traerá beneficios sociales, humanos
y económicos a Honduras” agregó.
El ex funcionario aseveró que tiene la esperanza
que con una nueva administración, el proyecto tenga
el apoyo del Poder Ejecutivo y que se respete la estabilidad
laboral del personal de la institución o que, en
su defecto, se cumpla con los compromisos laborales y los
sueldos que han dejado de devengar. |
Jiménez lamentó que el gobierno prescinda del personal
que hasta ahora venía laborando en el PNP, porque se perderá
la inversión que hizo el Estado en su preparación.
Apuntó que por ahora no están considerando demandar
al Estado, pero si el gobierno se niega a pagarles los derechos
laborales que por ley les corresponden, no descartó acudir
ante los tribunales de trabajo del país.
“Hasta ahora ha habido una indiferencia gubernamental y
una brecha entre el discurso y los hechos; yo creo que la sociedad
civil y los medios de comunicación debemos seguir presionando
para que el programa cumpla con su papel de gestor de política
pública para la prevención de pandillas, porque
sino la población afectada por la violencia y las maras
será marginada”, apuntó.
Nuevas
autoridades
La nueva directora del PNP, Nolvia Cruz Alvarenga, dijo que cuenta
con el apoyo del presidente de la República y espera que
en los próximos días se liberen los fondos retenidos
para continuar con los proyectos que ejecuta la institución
y hacer los desembolsos a las organizaciones y cumplir con los
compromisos financieros.
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| Nolvia Cruz Alvarenga. |
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“Vamos
a darle al programa un enfoque integral y vamos a pedir
el apoyo de todas las instituciones, tanto de las municipalidades,
comunidades, iglesias y entes no gubernamentales del sector
privado para lograr los objetivos para el cual fue creada
la Ley de Rehabilitación”, dijo.
Alvarenga
no quiso referirse a la permanencia o despido del personal
que ha quedado en la institución, aduciendo que
hasta hoy toma posesión del cargo y desconoce la
situación laboral de ellos. “Tenemos que
conocer primero con que personal se cuenta y si están
contratados por acuerdo o contrato”.
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Dijo
que los programas que fueron cerrados en los últimos meses,
entre ellos, el de eliminación de tatuajes serán
retomados y se les dará seguimiento a los que han culminado
y los que se encuentran en fase de ejecución.
Por
su lado, el administrador de Casa Presidencial, Jorge Martínez,
dijo que se revisará la situación legal de todos
los contratos de trabajo y si estos se otorgaron en base a ley
serán pagados de lo contrario no se hará.
Por
su lado, Sor María Rosa espera que el gobierno brinde el
apoyo necesario al PNP y que se desembolsen los fondos a cada
una de las instituciones que trabajan en la rehabilitación
de niños y jóvenes en riesgo social.
Explicó
que la organización que ella dirige atiende a más
de 3,000 niños en sus diferentes centros, y en
sus cuarenta años de historia ha ayudado y educado
a alrededor de 60,000 menores de edad, pero lamentó
que desde hace seis meses el gobierno dejó de ayudarla.
La religiosa recordó que a principios de año
recibió una ayuda de 300,000 lempiras, pero después
la ayuda para su institución se suspendió
porque el gobierno se negado a hacer los desembolsos respectivos.
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| Guillermo
Jiménez entregó los bienes del programa
a la nueva secretaria ejecutiva del PNP, Nolvia Cruz
Alvarenga. |
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