En
una rueda de prensa, el sector de la sociedad civil del Consejo
Consultivo de la Estrategia de Reducción de la Pobreza
(ERP) indicó que los recursos para ese objetivo están
siendo orientados para otros proyectos del Gobierno que preside
Manuel Zelaya, quien asumió el 27 de enero pasado.
Eduardo Facussé, representante del sector privado en la
ERP, dijo a Acan-Efe que no es posible que los recursos que se
deben destinar a reducir la pobreza, se gasten en subsidios de
combustibles o pagos de salarios y prestaciones, que deben salir
de otras partidas.
Añadió que el llamamiento a la comunidad internacional,
que el año pasado condonó más de la mitad
de la deuda exterior de Honduras, que a mayo de 2005 superaba
los 5.000 millones de dólares, es para que le exija al
Gobierno que los recursos que ya no se pagarán por deuda,
"se deben invertir en los pobres".
En un documento entregado a la prensa, la sociedad civil subraya
que los recursos que deben ser para reducir la pobreza se invierten
en costear la construcción de tramos carreteros, de un
canal seco y
cumplir con promesas electorales del actual presidente de Honduras,
hasta el pago de prestaciones laborales a empleados públicos.
Las acciones del Gobierno "se orientan a paralizar el proceso
de la ERP, en lugar de procurar su agilización e impacto",
añade el documento.
Entre otras cosas, los representantes de la sociedad civil señalaron
que de los 4.021 millones de lempiras (unos 212,7 millones de
dólares) que se debieron asignar para la ERP en 2007, solamente
se han presupuestado 2.735 millones de lempiras (144,7 millones
de dólares).
Además, esa decisión "no ha podido ser explicada
de manera convincente por parte de la Secretaría de Finanzas".
Durante una gira que el presidente hondureño hizo hoy por
el departamento occidental de Lempira, dijo que su gobierno cumplirá
con la distribución de los recursos para la ERP a través
de las alcaldías municipales.
Pero hay sectores, agregó, como el opositor Partido Nacional,
que quisieran que se les extendiera "cheques en blanco"
que después utilizarían en "activismo político".
Zelaya subrayó que hay reglas que cumplir ante la comunidad
internacional, y que de no hacerlo se corre el riesgo de que se
suspenda la ayuda exterior para reducir la pobreza, flagelo que
afecta al 80 por ciento de los hondureños, según
fuentes públicas y privadas.
