Las
manifestaciones contra Saca y Calderón fueron expresadas
en un comunicado que entregaron hoy a la prensa antes de que iniciara
la cumbre extraordinaria de presidentes de Centroamérica
para tratar asuntos de seguridad regional.
Decenas de representantes del COPINH llegaron hasta las cercanías
del Club Campestre, unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa,
donde se celebra la cumbre bajo rigurosas medidas de seguridad
impuestas por la Policía y el Ejército de Honduras.
En su manifiesto, el COPINH expresó su "enérgica
protesta" por el interés de El Salvador y Honduras
de impulsar la represa El Tigre, en la frontera común de
ambos países.
La construcción de esa obra "terminaría con
poblaciones enteras en los municipios de San Antonio, Mapulaca,
Piraera, Santa Lucía, Virginia y la Virtud, en Honduras,
y otras en El Salvador,desplazando
a más de 20.000 personas que perderían sus viviendas,
su cultura, sus tierras, sus formas de vida y sus tejidos sociales".
"Por tanto, declaramos persona non grata al impulsor del
proyecto, el señor Elías Antonio Saca", subraya
la declaración.
El COPINH también expresó que repudian la presencia
de Felipe Calderón "puesto que su designación
como presidente de México es producto del vergonzoso fraude
electoral".
Los pueblos de Centroamérica, México, la República
Dominicana y Colombia, según el COPINH, viven la inseguridad
más grotesca, producto de la implantación del sistema
neoliberal que impulsan el Tratado de Libre Comercio (con EEUU)
y el Plan Puebla Panamá (con
México).
Esos acuerdos, subrayan los indígenas hondureños,
se traducen "en la pérdida de la seguridad alimentaría,
del empleo, de los derechos, laborales, territoriales y del derecho
a un medio ambiente sano".
Además, los tratados, "traen su componente de militarización"
por parte de Estados Unidos en la región.
El COPINH señaló que rechaza, además, las
políticas de represión de los estados como promover
"escuadrones de la muerte" y el para-militarismo.
También condenó el asesinato, el 25 de septiembre
pasado, del sacerdote diocesano Ricardo Romero, quien pertenecía
a la parroquia
de Sonsonate, El Salvador, lo mismo que la persecución
en Honduras contra activistas de derechos humanos y las amenazas
de muerte al obispo Luis Alfonso Santos, que se opone a la explotación
minera.
Los indígenas hondureños también expresaron
que "la seguridad ciudadana debe desarrollarse en forma integral,
no con políticas de muerte y represión, como las
que impulsan los organismos financieros
internacionales que imponen la privatización de la seguridad
ciudadana".
Los gobiernos centroamericanos deben "garantizar la seguridad
con salud, educación, vivienda, el derecho a la tierra
y la participación ciudadana", y "propiciando
condiciones para una vida digna y justa para todos y todas",
señala entre otras cosas el manifiesto del COPINH. EFE
