Las
amenazas coincidieron en una jornada de protestas que incluyó
varias manifestaciones callejeras, el segundo día sin transporte
público en La Paz, una huelga de maestros, enfrentamientos
de manifestantes con policías, agresiones a periodistas
y destrozos en el centro de esta ciudad, sede del Gobierno.
El
secretario ejecutivo de la Confederación de Chóferes,
uno de los sindicatos más poderosos del país, José
Luis Cardozo, advirtió del posible paro nacional el jueves
y el viernes próximos si el Gobierno no anula antes una
ley que permite regularizar 60.000 vehículos que entraron
en el país de contrabando.
Cardozo,
que tiene a 400 dirigentes de la Confederación en huelga
de hambre desde el lunes, anunció que asistirá en
las próximas horas a una reunión con el Gobierno
para ratificar la solicitud de anulación de esa norma.
El
viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales,
Alfredo Rada, dijo que la ley no será revisada y que sólo
pueden discutirse sus reglamentos, condición que rechaza
la Confederación de Chóferes.
Por
otro motivo, el rechazo a un plan municipal para reordenar el
tráfico, el sindicato de transportistas de La Paz lleva
cumplió hoy su segundo día de huelga y organizó
una marcha que causó destrozos en el centro de la ciudad.
La
manifestación de los transportistas paceños, de
cerca de 3.000 personas, fue frenada por la policía cuando
intentaban acercarse a la sede de la alcaldía.
Los
chóferes de La Paz demandan la renuncia del alcalde, Juan
del Granado, a quien acusan de perjudicarlos con la reorganización
del tráfico dispuesta mientras se efectúan obras
de ornato público en vías troncales.
Efectivos
del Ejército ayudaron a los policías a controlar
la marcha y evitar que los conductores bloquearan las calles con
sus vehículos, como ocurrió en la víspera,
cuando el paro tuvo un mayor efecto que hoy en La Paz.
Por
otra parte, desde la ciudad aledaña de El Alto bajó
hoy al centro de La Paz una marcha de más de 1.500 personas,
organizada por la COB y el sindicato de mineros de la empresa
estatal Comibol.
Esta
manifestación exigía al Gobierno una solución
inmediata al conflicto que originó la semana pasada una
batalla campal, con armas de fuego y dinamita, entre dos grupos
rivales de mineros que se disputan el mayor yacimiento de estaño
de Bolivia, en la localidad de Huanuni, departamento de Oruro.
Los
choques del jueves y el viernes pasados dejaron 16 muertos y 61
heridos, según cifras oficiales, entre obreros de la Corporación
Minera de Bolivia (Comibol) y sus adversarios de la Federación
de Cooperativas Mineras (Fecomin).
El
máximo responsable de la COB, Pedro Montes, tocado con
su casco de minero asalariado, dijo que esa organización
no puede permitir que el Ejecutivo de Morales abandone a los huérfanos
y las viudas de ese conflicto.
Insistió
en que la COB "le meterá un juicio al Gobierno",
porque el conflicto no fue atendido con la debida anticipación
y diligencia por Morales para evitar el derramamiento de sangre.
 |
Montes
volvió a acusar al vicepresidente del país,
Alvaro García Linera, de haberse opuesto al envío
preventivo de policías y militares a Huanuni, y en
su lugar haber ofrecido "cajones" para los muertos,
si se producían los enfrentamientos. |
El
Gobierno niega responsabilidad en esos sucesos y culpa a los cooperativistas,
porque desencadenaron la tragedia al intentar ocupar la mina por
la fuerza.
El
portavoz presidencial, Alex Contreras, dijo hoy que Morales "no
necesita aliados" como los cooperativistas, que pretenden
romper el pacto firmado con el Gobierno tras la destitución,
el pasado viernes, del anterior ministro de Minería, Wálter
Villarroel, dirigente de ese sector.
Los
manifestantes de la COB fueron hostigados por centenares de seguidores
del Gobierno, que organizaron otra marcha para apoyar a Morales
y rechazar las denuncias de los sindicalistas.
Según
testigos de los incidentes en el centro de La Paz, varios periodistas
fueron agredidos y amenazados hoy en La Paz por diferentes grupos
de manifestantes, entre ellos el fotógrafo estadounidense
Byan Franck. EFE
