Tegucigalpa. Los conflictos sociales aumentaron dramáticamente durante los nueve meses del gobierno del presidente Manuel Zelaya, ya que, según estudios de investigación privados, durante este tiempo se registró un conflicto social cada dos días, una tendencia sin precedentes en los últimos gobiernos democráticos.

A esto hay que agregarle que en lo que va de la administración liberal hubo un total de 57 conflictos de tierras en el sector urbano y otros 59 en el campo y en el área rural, la mayoría de los cuales no han sido atendidos por el gobierno, según el diputado de la Unificación Democrática (UD) Marvín Ponce.

El Partido Nacional, principal fuerza de oposición, indicó en su último comunicado que la fuente de todos estos conflictos “es la incapacidad, la ineficiencia y la improvisación” que ha caracterizado a la administración del actual gobernante hondureño.

“Desde que asumió la administración del Estado el Presidente Manuel Zelaya, el grado de conflictividad social ha aumentado dramáticamente en el país”, advierte la citada institución política.

El gobernante del Partido Liberal asumió el cargo el 27 de enero de este año con el más bajo índice de respaldo popular, apenas 23 por ciento del electorado estimado en 3,5 millones de personas. En las elecciones la abstención subió en un 49 por ciento, según cifras oficiales.

Según los estudios de centros de investigación privados citados por el PN, en los primeros meses del gobierno liberal se reportaron prácticamente un conflicto cada dos días.

“La improvisación que distingue a esta administración, aunada a la desidia, la apatía y la flojedad de sus funcionarios atizan la inestabilidad e intranquilidad en nuestro país”, señaló.

Seis meses conflictivos
Monitoreos de organismos de la sociedad civil establecen que en los primeros seis meses, el gobierno de Zelaya registró un promedio de 144 conflictos sociales ligados a problemas agrarios, laborales, ambientales y étnicos que han erosionado su todavía joven administración.

Los conflictos registrados durante estos nueve meses van desde tomas de carreteras, marchas, huelgas, plantones y enfrentamientos sangrientos con los gremios magisteriales, hasta amenazas y paralización de hospitales y centros escolares.

Un informe del Observatorio de la Conflictividad Social de la organización no gubernamental Centro de Documentación de Honduras establece que las regiones norte y centro del país son las más conflictivas, seguidas del sur, occidente y oriente del territorio.

En un entrevista reciente ofrecida a la agencia IPS, el director del Cedoh Víctor Meza, afirmó que las causas de la conflictividad están relacionadas con los mecanismos de distribución de la riqueza, el exceso de ofertas electorales durante las campañas, el crecimiento de las demandas sociales y un resurgimiento de la movilización social.

"En la medida en que se debilita la capacidad de los partidos políticos para representar a la ciudadanía, crece la capacidad de movilización de la sociedad, y si bien ello es saludable para la democracia, no deja de preocupar la incapacidad estatal para definir políticas públicas que garanticen confianza y estabilidad", manifestó Meza.

A su juicio, en Honduras se están dando todas las condiciones sociales para un estallido social y ello debe ser advertido por la nueva administración de Zelaya, cuya política hasta ahora "ha sido la de dar tumbos, repartos y un creciente autismo ante la crítica social", apuntó.

No hay prevención de conflictos
Marvin Ponce, del colectivo parlamentario de la UD, explicó que la creciente conflictividad en la actual administración tiene que ver mucho con el hecho que el presidente integró un gabinete para complacer los grupos de poder y nadie le está manejando los conflictos sociales, sobre todo la prevención de los mismos.

Puso como ejemplo la situación que impera actualmente en el sistema educativo, en donde si las autoridades educativas hubieran buscado los mecanismos administrativos adecuados para pagar a los docentes a tiempo, los estudiantes no hubieran perdido otra semana de clases.

Ponce interpretó que el gobierno en vez de buscar solución a los conflictos sociales muestra una actitud a provocarlos para desviar la atención de otros problemas estructurales como la inseguridad, el hambre, la falta de empleo, la pobreza y otros problemas sociales que agobian a los hondureños.

Señaló que el presidente Zelaya ha centrado su agenda en el tema de los energéticos que de paso le han abierto otros frentes con grupos de poder y con la embajada de Estados Unidos.

Dijo que la población hondureña tiene muchas expectativas en este proceso de licitación de combustibles porque esperan una rebaja significativa en los precios de los energéticos, pero si el gobierno no logra eso va a provocar un desencanto en la población y va a ser fuente de nuevos conflictos sociales.

Por otro lado, el parlamentario señaló que en el país están apareciendo pequeños grupos de comunidades locales que ya no están reivindicando sus problemas ante el alcalde o el gobernador político, sino que lo hacen ante el gobierno central y eso da lugar a la constante tomas de carreteras y calles.

Lamentó que el gobierno no tenga una estrategia definida para prevenir los conflictos sociales, lo que da lugar a que éstos se multipliquen y tiendan a crear un clima de ingobernabilidad en el país.

Ponce puso como ejemplo los 57 conflictos de tierras urbanas y 59 de tierras rurales que se han reportado en los últimos meses a raíz de que no se están atendiendo los problemas de titulación y adjudicación de propiedades.

Reveló que esta situación se debe a que el Programa de Administración de Tierras (PAT) prácticamente colapsó, debido a que el Banco Mundial retiró los fondos porque el gobierno no puso la contraparte nacional. Otro motivo fue el pleito que a lo largo del gobierno han mantenido los secretarios de Gobernación, Jorge Arturo Reina, y de la Presidencia, Yani Rosenthal, por manejar el citado programa con una “visión meramente mercantilista”.