"El
presidente de la República, (Manuel Zelaya), el señor
vicepresidente (Elvin Santos), la cancillería y todas las
instancias han sido bastante claras y contundentes en el sentido
de que los derechos soberanos son absolutamente irrenunciables,
y particularmente los derechos soberanos de Honduras con relación
a la isla Conejo", dijo el canciller hondureño, Milton
Jiménez.
El diplomático compareció hoy en una rueda de prensa,
junto al vicepresidente Santos, tras concluir en Tegucigalpa una
reunión del Consejo de Ministros.
Jiménez señaló, además, que la posición
de su país "no implica que no podamos nosotros buscar
la vía del diálogo y la vía diplomática,
y sobre todo la vía del derecho internacional, para resolver
cualquier conflicto".
Sostuvo además que "la instancia legal correspondiente
es la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ya emitió
su fallo" y recordó que "ese fallo fue sometido
posteriormente a un proceso de revisión, y el resultado
es bastante claro y contundente a favor de los intereses de Honduras".
"Así
es que nosotros insistimos que lo conveniente, lo correcto, es
que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya
se cumpla a cabalidad, como ha venido ocurriendo en los últimos
años", afirmó.
Dijo que su país "tiene la suficiente argumentación,
el suficiente sustento para asegurar cuales son sus derechos soberanos
y por ende, vamos a defender sus derechos pero en el ámbito
estrictamente diplomático".
La
Asamblea Legislativa de El Salvador anuncio hoy, por su
parte, que enviará en los próximos días
al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) un decreto en el
que sustenta la posesión del país de la isla
Conejo, que Honduras reclama como suya. |
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| Manuel
Zelaya y Elvin Santos , presidente y vicepresidente
de Honduras |
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La
isla Conejo tiene una extensión menor a un kilómetro
cuadrado y está situada en el Golfo de Fonseca, que geográficamente
comparten en el océano Pacífico El Salvador, Nicaragua
y Honduras.
Las únicas personas que permanecen en la isla son soldados
hondureños armados que, según fuentes diplomáticas
salvadoreñas, se instalaron en el lugar en los años
en que El Salvador vivió una guerra civil (1980-1992) con
el fin de impedir el trasiego de armas para la guerrilla y por
acuerdo con el ejército salvadoreño.
El fallo del tribunal de La Haya de 1992, según El Salvador,
sólo definió los límites terrestres, los
que terminaron de ser delimitados en abril pasado, cuando los
presidentes de ambos países se reunieron en la frontera
para celebrar el acontecimiento.
