También
estarán presentes en el Condado de Bergen (Nueva Jersey),
donde existe una reñida batalla por el Senado.
Además,
vigilarán la marcha de las elecciones en más de
una docena de condados en todo el país en los que hay reservas
de indios estadounidenses, así como en grandes núcleos
urbanos con un alto número de votantes negros.
En
total, el Departamento de Justicia ha enviado a unos 850 observadores
a 69 ciudades y condados, el doble que en las elecciones legislativas
del 2002.
El
Gobierno estadounidense envía observadores para supervisar
las elecciones desde 1965.
El
subsecretario de Justicia, Wan J. Kim, quien dirige la oficina
de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, declaró
a la prensa la semana pasada que los distritos se habían
seleccionado en parte debido a las disputadas contiendas en los
mismos.
Entre
ellos están, por ejemplo, los condados de Fort Bend y Galveston,
en Texas, en el que la republicana Shelley Sekula-Gibbs tratará
de llenar la vacante que dejó el antiguo líder republicano
en la Cámara Baja, Tom DeLay, quien dimitió a finales
del año pasado envuelto en un escándalo de manejo
ilegal de fondos electorales.
Además,
los observadores estarán presentes en grandes núcleos
urbanos como Boston, Chicago, Denver, Nueva Orleans, San Francisco
y zonas de Nueva York, en donde votantes negros y de otras minorías
se han quejado tradicionalmente de que se les había denegado
el acceso a los centros de votación.
Por
otro lado, 16 expertos de la Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa (OSCE) observarán el
desarrollo de las elecciones legislativas a invitación
del Ejecutivo estadounidense.
Según
un comunicado divulgado el lunes, los expertos forman parte de
la Oficina de las Instituciones Democráticas para los Derechos
Humanos de la OSCE, que es el cuerpo de la organización
dedicado a la observación de comicios.
Los
especialistas provienen de Gran Bretaña, la República
Checa, Francia, Hungría, Ucrania, Rusia y Alemania y al
frente se situará Giovanni Kessler, un abogado constitucionalista
y miembro del Parlamento italiano.
En
un informe publicado en julio para justificar la misión
en estos comicios, la OSCE indicó entonces que varios grupos
civiles habían mostrado una serie de quejas en las últimas
elecciones.
Entre
ellas citaron la supuesta intimidación a los votantes y
campañas locales de desinformación a través
de panfletos de fuentes anónimas en las que se incluían
datos incorrectos sobre el procedimiento de votación.
Los
observadores de la OSCE ya estuvieron presentes durante las elecciones
presidenciales y legislativas del 2004. EFE
