16
de noviembre de 2006
Por Orfa Mejía
Proceso Digital
Tegucigalpa
– Los procesos de liquidación forzosa de varias entidades
financieras entre 1998 y 2001, le han costado al Estado de Honduras
3.737,7 millones de lempiras, según una fuente oficial.
Los costos del escandaloso proceso fueron revelados por el presidente
de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Gustavo
Alfaro, durante una presentación ante miembros del Consejo
Nacional Anticorrupción celebrado en la capital hondureña.
“Los procesos de liquidación le han costado al Gobierno
de Honduras y al Fondo de Seguro de Depósitos, antes denominado
Fondo de Garantía de Depósitos, la cantidad de 3.737,7
millones de lempiras”, expuso Alfaro.
En su exposición, Alfaro hizo un recuento de la crisis
en el sistema financiero entre los años 1998 al 2001.
Dijo que en ese período el Sistema Financiero Nacional
atravesó por una crisis de gran magnitud en dos sub-sectores:
el mercado bursátil y el mercado de intermediación
financiera.
“Solo en el mercado bursátil por un sobreendeudamiento,
se cayó en incumplimiento de obligaciones, causando pérdidas
por el orden de 224 millones de lempiras a 417 inversionistas”,
reveló.
Adicionalmente, añadió, “los mismos emisores
realizaron captaciones extra bursátiles, adquiriendo obligaciones
con el público que no inscribieron en las bolsas de valores
y sobre las cuales también incurrieron en incumplimientos,
perjudicando a 1.129 personas, por un monto aproximado de 553,7
millones de lempiras”.
Alfaro recordó que en el sector de intermediarios financieros
se liquidaron tres bancos y 13 sociedades financieras, algunas
mediante el procedimiento de liquidación forzosa y otras
en forma voluntaria, se capitalizó dos bancos y se vendió
uno por parte de FOSEDE.
Dijo que “en el caso de los bancos, acciones irregulares
cometidas en beneficio de partes relacionadas a los administradores,
situaron a estas instituciones en la imposibilidad financiera
de restituir los depósitos del publico por el deterioro
irreparable en la calidad de sus activos, lo que erosionó
el patrimonio de los mismos, situándolo en un valor negativo”.
Gustavo
Alfaro |
Reveló
que algunas de las sociedades financieras liquidadas en
forma forzosa o voluntaria operaron captando ahorro del
publico sin la debida autorización del Banco Central
de Honduras.
Dijo
que los recursos del publico en este caso, también
fueron utilizados para realizar transacciones en beneficio
de partes relacionadas, así como invertidos en
prestamos de baja calidad, sin las condiciones necesaria
para su recuperación.
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Es importante destacar, apuntó, que la Ley de Instituciones
del Sistema Financiero, contenida en el Decreto No. 170-95 de
fecha 31 de Octubre de 1995, les otorgó a las financieras
que operaban sin autorización, un período de dos
años para que continuaran haciéndolo y en ése
lapso presentar su solicitud de autorización al Banco Central
de Honduras. Es decir, que continuaron captando recursos del público
sin ninguna supervisión y control.
Cuando se produjo la primera de las liquidaciones y como no existía
ningún Seguro de Depósitos, se emitió la
Ley Temporal de Estabilización Financiera, mediante Decreto
No. 148-99 del 29 de Septiembre de 1999, en la cual y para no
causar un trauma en los miles de compatriotas que habían
confiado sus ahorros, ya sea directamente o a través de
Fideicomisos, especialmente en el caso de Bancorp, el Estado de
Honduras, asumió la garantía del 100 por ciento
del valor de los mismos.
