Piden a Gobierno protección para
cuatro periodistas hondureños

   

06 de diciembre de 2006

Tegucigalpa - Un organismo privado de defensa de derechos humanos solicitó hoy al Gobierno de Honduras protección para la vida de cuatro periodistas de un periódico digital, "que están siendo amenazados de muerte por su trabajo".


El organismo Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) dijo en un comunicado que temen por la vida de los periodistas que trabajan para "Revistazo.com", que se edita en Tegucigalpa.

"Los periodistas investigadores son Dina Meza, Robert Marín García, Claudia Mendoza y Rosa Morazán, todos ellos del plantel de la ASJ, a la cual esta adscrita Revistazo.com", señaló la fuente.

Apuntó que los comunicadores investigan irregularidades en la operación de algunas empresas privadas de seguridad en el país.

"Los periodistas han sido objeto de un seguimiento, llamadas anónimas y advertencias de muerte e intimidación tras la publicación, hace tres meses, de sus investigaciones", sostuvo.

El trabajo de los comunicadores era asesorado por el abogado Dionisio García, de 43 años, quien murió ayer tras ser atacado a tiros por dos desconocidos cuando conducía su vehículo por el bulevar de las Fuerzas Armadas de Tegucigalpa.

El asesinato de García fue condenado hoy por varios organismos de defensa de los derechos humanos y de libertad de expresión en el país, los que exigieron la investigación del caso y el castigo de los responsables.

ASJ dijo que García promovió en los tribunales de justicia al menos tres demandas laborales en contra de las empresas privadas de seguridad Delta Security y Setech, cuyo principal accionista es el empresario estadounidense Richard Swasey.

"Las demandas fueron producto de las investigaciones periodísticas hechas por el equipo de Revistazo.com", añadió la fuente.

ASJ también informó de que una semana antes de su muerte, García recibió un mensaje anónimo en su teléfono móvil, escrito en inglés, en el cual le decían "que lo iban a matar".

García denunció el hecho ante el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la fiscalía especial de Delitos Comunes del Ministerio Público. EFE

 
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