La
publicación presenta los casos de la coordinadora de la
Fundación "Prolansate" Jeanette Kawas, asesinada
por su trabajo en 1995; el dirigente de la Coordinadora de Organizaciones
Populares del Aguan (COPA) Carlos Escaleras, muerto en 1997, y
el regidor de la municipalidad de Catacamas, Olancho (oriente)
Carlos Luna, en 1998.
También
hace una reseña de la lucha de Carlos Flores, asesinado
en 2001, de José Mauricio Hernández, en 2002, y
de Carlos Reyes, en 2003.
La
coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, dijo a Acan-Efe que todos
los casos tienen en común que las víctimas eran
activistas en favor de la preservación de los recursos
naturales en Honduras.
Resaltó
además que los asesinatos de Luna, Flores, Hernández
y Reyes se registraron en el departamento oriental de Olancho,
el más extenso del país, y uno de los más
ricos en recursos naturales.
Asimismo,
que la mayoría de los casos citados en el libro se encuentran
impunes.
Oliva
agregó que los autores intelectuales de estos asesinatos,
entre los que mencionó a grupos empresariales ligados a
la explotación de la madera, "siguen manejando el
proyecto de muerte contra los que defienden los recursos naturales".
"Y
esto es lo grave de este proceso, por eso hablamos de este manto
de la impunidad y el riesgo que corremos todos los que hacemos
actos como los que hacían ellos", apuntó.
Oliva
también cuestionó el papel del Estado en el proceso
de investigación de todos estos casos.
"El
papel del Estado ha sido inoperante, quisiera decir que tenemos
un estado con operadores de justicia capaces de investigar, de
sancionar y de no dejar que estos casos puedan correr hacia fuera
de nuestras fronteras, pero no es así", indicó.
Dijo
que es por esta razón que los casos de Kawas, Luna y Escaleras
han sido llevados al sistema internacional de los derechos humanos.
"Los
casos han sido admitido por la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y ya casi están listos para remitirlos
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", refirió.
EFE
