No
hay industria que escape a estas prácticas, señala
el informe, que además hace recomendaciones al gobernador
electo del Estado, Eliot Spitzer, que jura al cargo en enero próximo,
para poner un alto al problema.
Aunque
no es una situación nueva, los activistas aseguraron que
empeoró bajo la administración del mandatario republicano
George Pataki, porque no ha habido la voluntad política
para hacer frente al problema.
Alegaron
además que el Departamento del Trabajo no cuenta con el
personal necesario para procesar las quejas rápidamente
ni para investigar las industrias, aunque no haya una querella
en su contra, porque la ley le faculta para ello.
Ello
ha propiciado la acumulación de quejas de trabajadores,
que tienen que esperar varios años para que sus casos sean
resueltos y cuando finalmente ocurre reciben una cantidad de dinero
menor al que le adeudaba su empleador.
Muchos
trabajadores inmigrantes desconocen que se violan sus derechos,
pero otros son amenazados por sus empleadores con denunciarlos
ante las autoridades por su condición de indocumentados,
señaló la asociación Proyecto de Trabajadores.
"El
pago del salario mínimo y del tiempo extra son derechos
básicos de todo trabajador en Nueva York, independientemente
de su estatus migratorio", dijo Omar Henríquez, de
ese grupo.
"Muchos
son los casos donde trabajan más de 80 y 100 horas a la
semana, y no sólo no les pagan lo que deberían,
sino que no les pagan o lo hacen fuera de los libros y así
se va acumulando un gran monto de dinero", agregó.
Los
activistas responsabilizan en su informe al Departamento del Trabajo
de EEUU de esas violaciones, "porque es el que tiene la obligación
de hacer cumplir las leyes".
La
salvadoreña María Teodosia Pineda es una de miles
de trabajadores explotados por sus empleadores.
Pineda,
de 45 años y que emigró a Nueva York hace tres años,
trabajó 16 horas al día durante ocho meses en un
establecimiento en Long Island en 2005.
Sin
embargo, a pesar de que su patrono, que era hispano, prometió
pagarle 275 dólares a la semana, muy pocas veces lo hizo.
"Una
semana me pagaba y a veces no me pagaba. Entraba a las 06.30 de
la mañana hasta las doce de la noche. Yo le reclamaba porque
tengo tres hijos en El Salvador y él me decía que
el fin de semana me pagaría", recordó Pineda.
Cansada
de que no le pagaran su salario, Pineda renunció y acudió
al Departamento del Trabajo.
Hasta
ahora su caso no se ha resuelto y según el Departamento,
hasta octubre de 2007 no se resolverá. Mientras tanto,
vive con su hermano y trabaja "en lo que aparece". EFE
