De
las 44 ejecuciones, 10 corresponden a menores de 18 años,
indicó Casa Alianza, que además registra 400 muertes
violentas durante los 10 meses del gobierno liberal que preside
Manuel Zelaya.
El
promedio de ejecuciones arbitrarias en Honduras se mantiene en
40 al mes, subraya el informe del mismo organismo, que brinda
protección a menores de edad en situación de riesgo
en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá.
Desde
1998 al 30 de noviembre de 2006, la cifra de muertes violentas
asciende a 3.395, agrega el comunicado.
Del
total de víctimas en los últimos nueve años,
1.193 -el 35 por ciento- eran niños y adolescentes.
Esas
cifras "son verdaderamente preocupantes", porque "consideramos
que la sociedad no debe acostumbrarse al hecho de que a los niños,
niñas y jóvenes se les prive arbitrariamente de
su vida", dijo a periodistas el director de Casa Alianza
en Tegucigalpa, José Manuel Capellín.
Agregó
que en Honduras, "a pesar de que se realizan esfuerzos y
se están logrando avances para reducir la mortalidad infantil
a través de programas de salud, no se visualiza ni presta
atención a las muertes de niños, niñas y
jóvenes por causa de la violencia".
Las
muertes violentas, recalcó Capellín, están
ocurriendo de forma incesante, como una problemática social.
En
su opinión, "la violencia en Honduras, igual que la
pobreza y las enfermedades, son una causa totalmente irracional
para la muerte de un niño, niña o joven".
De
las 44 muertes registradas en noviembre, el 54,5 por ciento corresponden
a las ciudades gemelas de Comayagüela y Tegucigalpa, mientras
que el 18,8 por ciento a San Pedro Sula, la segunda en importancia
en el país, situada en el norte.
El
resto de los crímenes se registraron en otras regiones
urbanas del norte, centro y oriente del país centroamericano.
El
informe de Casa Alianza, basado en publicaciones de la prensa
local, indica que el 84 por ciento de las ejecuciones de noviembre
pasado corresponden al sexo masculino y el 16 por ciento al femenino.
Los
patrones de ejecución se caracterizan por el uso de armas
de fuego en el 82 por ciento de los casos, mientras que el 11
por ciento fueron muertos con machete y el siete por ciento restante
por aplastamiento de cráneo y lapidación.
En
lo que respecta a los responsables de esas muertes, el 79,41 por
ciento se desconoce, en tanto que el 14,70 es atribuido a presuntos
pandilleros y el 5,89 por ciento a personas particulares que se
tomaron la ley por sus manos, señala el informe de Casa
Alianza. EFE
