La
Asamblea Legislativa aprobó la normativa cerca de la medianoche
del miércoles con 49 votos de los 84 diputados que la integran,
tras varias horas de debate en que el Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y el Centro
Democrático (CD, socialdemócrata) se manifestaron
en contra.
La
ley crea juzgados especiales de Instrucción y de Sentencia,
así como cámaras especiales de lo Penal, las cuales
tendrán sedes en las ciudades de San Salvador, Santa Ana
y San Miguel, las más importantes del país.
La
nueva normativa define el crimen organizado como "aquella
forma de delincuencia que se caracteriza por provenir de un grupo
estructurado de tres o más personas, que exista durante
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito
de cometer uno o más delitos: homicidio, secuestro y extorsión".
La
Fiscalía General de la República tendrá potestades
más amplias, ya que tras la investigación del delito
determinará si procede que se juzgue a los imputados en
tribunales comunes o especiales.
Los
juzgados especiales admitirán "testimonios de referencia"
en casos de muerte, enfermedad grave u otra circunstancia que
imposibilite a un testigo acudir a declarar en contra del delincuente
en una vista pública.
Por
su parte, la Policía podrá presentar todo tipo de
pruebas en contra de los acusados, incluso vídeos o grabaciones.
El
diputado Oscar Kattán, del CD, dijo en la sesión
plenaria que su partido no votaría a favor por considerar
que el problema de la delincuencia no radica en la falta de jueves
idóneos para el conocimiento de delitos del crimen organizado,
sino "en la deficiente investigación y falta de elementos
probatorios".
La
diputada Blanca Flor Bonilla, del FMLN, aseguró que la
ley deja fuera la especificación de muchos delitos del
crimen organizado, entre ellos "el crimen contra los derechos
de la niñez, que con un plumazo se borran y se insensibilizan
aún más de lo que hasta ahora se ha hecho".
La
postura del FMLN, en términos generales, es que la normativa
viola varios preceptos constitucionales.
Agregó
que desde el 2000 la ONU ha realizado campañas para combatir
los delitos contra la niñez, entre ellos la pornografía
infantil, la explotación sexual comercial, el tráfico
de órganos y la trata de niños y niñas que
"son considerados de lesa humanidad".
El
viceministro de Seguridad y Justicia, Astor Escalante, celebró
hoy la aprobación de la ley y pidió a la Corte Suprema
de Justicia que designe cuanto antes a los jueces especiales.
"Estos
jueces especiales tienen que aplicar la justicia adecuadamente,
y los buenos legisladores han dado sus votos para esta legislación
y ahora significa que hay que escoger los perfiles adecuados",
expresó Escalante en una entrevista con la estatal Radio
El Salvador.
Agregó
que "el juez en este país tiene que tener un compromiso
con la realidad, no podemos ser indolentes ante un cadáver,
ante la muerte de una persona, los jueces no pueden ser tan indolentes
en exigir a un testigo que se quite la cobertura visual para declarar
ante fieras asesinas".
Aseguró
que un juez de sentencia le exigió a una niña de
diez años que fue violada para que se descubriera el rostro
ante el delincuente y "eso ya no se puede permitir en el
país".EFE
