Tegucigalpa - El Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), que dirige el sacerdote salvadoreño naturalizado hondureño, Andrés Tamayo, denunció hoy el asesinato de dos miembros de su organización en la región oriental del país.

En un comunicado, MAO dijo que las víctimas son Heraldo Zuñiga y Roger Iván Cartagena, quienes "fueron ejecutados el pasado día 20 de diciembre por miembros de la Policía Nacional al frente de la Municipalidad de Guarizama", al norte del departamento de Olancho.

La fuente dijo que previo a su muerte, Zuñiga había expresado "su preocupación por las amenazas por parte de los madereros" que explotan el bosque en el sector de Salamá, en el mismo departamento.

MAO señaló también que este caso fue denunciado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), organismo que solicitó al Gobierno de Honduras brindar las medidas cautelares de protección, las cuales no fueron obedecidas.

El organismo ambientalista acusó de la muerte de sus dos compañeros a un miembro de la Policía Nacional, a quien identificaron como Juan Lanza.

Asimismo denunció que "la policía ha creado un estado terrorista en el norte de Olancho, pagados por los intereses de madereros y mineros con el fin de destruir las organizaciones que defienden los derechos de las comunidades e indígenas ante la mirada cómplice del Estado hondureño".

"Exigimos que se investigue de forma seria y transparente, que se juzgue y se procese a los asesinos de nuestros compañeros", así como el de todos los lideres ambientalistas ocurridos en el país y que están en la impunidad.

En el mismo comunicado, MAO anunció una denuncia internacional en contra del Estado de Honduras "porque por su incompetencia e inacción han sido asesinados dos ciudadanos honestos y valientes cuyo único pecado fue defender los intereses de los hondureños y de la humanidad al ser lideres ambientales".

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) indicó, por su parte, en un comunicado que Zuñiga y Murillo testificaron en mayo pasado ante el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) "por amenazas públicas vertidas por representantes de empresas madereras" en el sector de Olancho.

COFADEH demandó a las autoridades hondureñas "actuar de inmediato para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables", al tiempo que advirtió que "la acumulación de impunidad arrastra a la sociedad y al Estado hacia una crisis de confianza y legitimidad, que inclusive pone en riesgo la gobernabilidad política". EFE