"El presidente ha decidido no re-autorizar el Programa de Vigilancia Terrorista (TSP, en inglés) cuando expire el actual permiso", anunció el secretario de Justicia Alberto Gonzales en una carta dirigida al Comité Judicial del Senado.

"Cualquier vigilancia electrónica que se realice como parte del TSP se llevará a cabo ahora bajo la aprobación del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional", señaló Gonzales, en la carta dirigida a los senadores Patrick Leahy (demócrata) y Arlen Specter (republicano).

El cambio de supervisión para las escuchas telefónicas significa que cualquier tipo de espionaje interno que lleve a cabo el Gobierno federal deberá contar con una aprobación judicial.

Hasta ahora el programa instaurado tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), permitía realizar ese espionaje sin orden judicial, lo que llevó a legisladores y grupos de defensa de las libertades civiles a cuestionar su legitimidad.

Además, en agosto del año pasado un juez federal de Detroit (Michigan) declaró que era inconstitucional por cuanto violaba el derecho a la privacidad, la libertad de expresión y la separación de los poderes del estado

Sin embargo, según la Casa Blanca, la ley no exigía la aprobación judicial que, según insistía, era un obstáculo en la lucha contra los terroristas.

Al defender el espionaje, Bush dijo en el 2002 que su existencia "se ajusta plenamente a mis responsabilidades y facultades constitucionales".

Añadió que continuaría autorizando su vigencia "mientras nuestro país afronte la persistente amenaza de Al Qaeda y otros grupos" terroristas.

La decisión de retirar el programa de escuchas telefónicas fue inmediatamente aplaudida por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi.

"El hecho de que el presidente ya no volverá a autorizar la vigilancia intrusiva y unilateral de las personas en Estados Unidos es una buena noticia", dijo Pelosi en una declaración.

Según Leahy, presidente del Comité Judicial del Senado, nunca estuvo en tela de juicio la necesidad de vigilar a presuntos terroristas "sino hacerlo de manera legal y con los debidos resguardos para impedir abusos".

"Contar con una revisión eficiente y sustancial por parte de las cortes es un avance en los esfuerzos por atender esas preocupaciones", señaló el legislador.

Pero también hubo otros legisladores que no quedaron totalmente satisfechos.

"Aunque este puede ser un paso en la dirección correcta, no debería desviar la atención del pueblo estadounidenses o del Congreso que busca respuesta a los interrogantes que se han planteado respecto a este programa", dijo el demócrata John Conyers, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

La carta de Gonzales se difundió un día antes de su comparecencia ante el Comité Judicial, en el que algunos miembros se habían opuesto al programa y que, además, ahora está dominado por los demócratas.

La Casa Blanca mostró hoy a través de su portavoz, Tony Snow, su satisfacción con la prevista labor de la corte especial.

"El Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional ha creado sus pautas y sus reglas y éstas cumplen con los requisitos del Gobierno en cuanto a velocidad y agilidad de los trámites para salvar vidas estadounidenses", dijo Snow.

La existencia del programa fue revelada a finales del 2005 por el diario "The New York Times", que basó su información en fuentes anónimas.

La Casa Blanca confirmó posteriormente que en el 2002 Bush autorizó a la NSA a intervenir sin autorización judicial las comunicaciones telefónicas y electrónicas de personas en EEUU en investigaciones sobre terrorismo. EFE