Medio millar de miembros del Sindicato de Trabajadores de la Telecomunicación de Honduras (SITRATELH) realizó una marcha ante la Casa Presidencial y el Parlamento en Tegucigalpa, y otro grupo lo hizo en San Pedro Sula (norte), según fuentes de la organización.

El secretario general del sindicato, Orlando Mejía, explicó a los periodistas que la nueva Ley Marco del Sector Telecomunicaciones permitirá a HONDUTEL competir "en igualdad de condiciones" con las dos empresas privadas que operan telefonía móvil en Honduras.

HONDUTEL tiene la tercera banda de telefonía móvil, pero la nueva ley es necesaria porque, entre otros aspectos, regulará sus operaciones, añadió.

La ley está pendiente de aprobación desde finales de 2005 en el Congreso Nacional, que la semana pasada la envió de nuevo al Ejecutivo para consultas.

El presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, aseguró a la prensa que, terminadas las consultas, la ley "se va a aprobar lo más pronto posible".

Mejía afirmó que HONDUTEL tiene el personal y la tecnología para "dar las mejores tarifas y un servicio de mejor calidad", y advirtió que, si no se aprueba la ley, quedará en desventaja porque "la empresa privada quiere adueñarse del sector".

HONDUTEL ya perdió a finales de 2005 la exclusividad de la telefonía fija internacional, que ahora también ofrecen las dos empresas privadas de telefonía móvil (CELTEL y MEGATEL), en cumplimiento de un decreto legislativo de 1995.

Según datos oficiales, HONDUTEL maneja más de 400.000 líneas telefónicas fijas y cuenta con unos 3.000 empleados; Honduras alcanzó en 2005 dos millones de líneas fijas y móviles.

La empresa estatal fue controlada por los militares desde su creación, hace tres décadas, hasta que en 1994 el entonces presidente hondureño, Carlos Roberto Reina (1994-1998), la traspasó a la administración civil.

HONDUTEL no pudo ser privatizada en el año 2000 porque la única oferta recibida -de la mexicana Telmex, por 106 millones de dólares- no cumplía las expectativas del Gobierno de Carlos Flores (1998-2002), que pedía 300 millones de dólares. EFE