Así lo concluyó un reporte, que además encontró que en muchas ocasiones las autoridades administrativas en estas prisiones no justificaron las acciones disciplinarias aplicadas a inmigrantes y los colocaron junto con reos de alta peligrosidad.

Preparado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna (DHS), el reporte determinó también que en muchos casos, las autoridades limitaron de forma inapropiada el contacto de estos inmigrantes con familiares, abogados y autoridades migratorias.

Los hallazgos derivaron de las auditorías celebradas por esa oficina en los centros de detención de Leesport, Pennsylvania; San Diego, California; Kearny y Paterson, Nueva Jersey y Miami Florida.

Dos de estas instalaciones, las de San Diego y Miami, son manejados por compañías privadas mientras que las tres restantes son responsabilidad de autoridades locales, y retienen a los inmigrantes en sus prisiones al amparo de contratos con el gobierno federal.

David M. Zavada, inspector general asistente, dijo que las fallas fueron identificadas a partir de entrevistas con empleados, detenidos y funcionarios de varias agencias, observación directa e información provista por organizaciones no gubernamentales.

"Esperamos que este reporte resultará en operaciones más efectivas, eficientes y económicas", dijo el funcionario.

Las auditorías se enfocaron en cuatro áreas generales que fueron cuidado médico; salud ambiental y seguridad; condiciones generales de confinamiento y reporte de abusos.

De acuerdo con el reporte, cuatro de las instalaciones presentaron situaciones de no observancia de los estándares para el cuidado médico, incluyendo algunas en que la atención no fue provista de manera inmediata.

En lo que respecta a salud ambiental y seguridad, el reporte reveló que las cinco instalaciones en cuestión presentaron instancias de no cumplimiento de los estándares.

Entre estas se incluyeron casos en que la comida les fue servida a los inmigrantes en utensilios sucios y otros en que la carne servida en los alimentos estaba cruda.

Las cinco prisiones presentaron también situaciones en las que no se cumplieron los estándares relativos a las condiciones generales de confinamiento.

La falla más común en estos casos tuvo que ver con la práctica de las autoridades carcelarias de colocar a los inmigrantes con el resto de la población carcelaria, incluyendo reos de alta peligrosidad, aún cuando los estándares federales lo prohíben.

Por lo que respecta a los estándares para el reporte de abusos, el informe encontró instancias de su incumplimiento en las cinco prisiones.

Los hallazgos del reporte se suman a otras instancias en que se han denunciado abusos en contra de los inmigrantes confinados a estos centros.

En diciembre de 2005 el ICE ordenó la remoción de todos los inmigrantes de la prisión de Kearny, después de comprobarse los reportes de que los guardias en esas instalaciones utilizaban perros para controlar prisioneros, orillando al DHS a prohibir tal práctica.