La CNDH agregó que la desatención o indiferencia oficial de ambos gobiernos, el estadounidense y el mexicano, ante este tipo de fenómenos "puede propiciar la impunidad de particulares, de organizaciones antiinmigrantes y de agentes de autoridad que agreden con actos de violencia criminal contra personas que sólo buscan un empleo y mejorar sus condiciones de vida".

El organismo defensor de los derechos humanos recordó que los inmigrantes indocumentados que se aventuran a cruzar la frontera se enfrentan a condiciones adversas, como el clima extremo y los riesgos de cruzar el desierto.

Añadió que además de soportar estos riesgos los inmigrantes se enfrentan a las agresiones de grupos de personas "deliberadamente letales" en contra de los inmigrantes.

"El caso de Francisco Javier Domínguez Rivera, herido por un agente de la Patrulla Fronteriza el pasado 12 de enero, y las agresiones con arma de fuego en perjuicio de Marcos Saúl Torres y Jaime Quintanilla, heridos el 10 de enero por rancheros del estado de Texas, son un indicador del problema", señaló la CNDH.

Asimismo, recordó que en diciembre de 2005 agentes migratorios estadounidenses asesinaron con balas expansivas al inmigrante mexicano Guillermo Martínez.

La CNDH afirmó que este caso permanece "sin esclarecer", por lo que ha solicitado al Gobierno mexicano que continúe con las gestiones para que se conozcan las investigaciones efectuadas por las autoridades estadounidenses.

También expresó la necesidad de que el proceso de selección de los miembros de la Patrulla Fronteriza incluya sólo a personas con la capacitación adecuada, que debe incluir el conocimiento del perfil de los inmigrantes, así como el uso de las armas.

La CNDH admite que aunque cada gobierno es soberano para definir su política migratoria, "ese derecho tiene límites en lo establecido por el derecho internacional en la materia en cuanto al respeto a los derechos humanos de los inmigrantes irregulares, especialmente su derecho a la vida". EFE