"Durante los últimos ocho meses hemos estado trabajando en la construcción de una nueva estructura", afirmó González, quien quiso dejar claro que la decisión de la agencia no es fácil porque afectará a mucha gente, pero es indispensable.

El organismo debe autofinanciarse y las tarifas anteriores no permitían cubrir los gastos de un control más intenso a los aspirantes a ciudadanos y residentes, motivados por las nuevas medidas de seguridad tras los atentados terroristas de 2001.

Además, el USCIS quiere estar en condiciones de afrontar los posibles retos que surjan si se aprueba una reforma migratoria que podría crear un programa de trabajadores temporales y aumentar el número de solicitudes de residencia.

"Necesitamos modernizarnos, tenemos que ser capaces de ofrecer el mejor servicio posible", dijo González, quien aclaró que "no se sabe lo que viene", porque las decisiones finales se tomarán en el Congreso.

"No podemos ni siquiera pensar en una reforma migratoria que nos traiga muchas más solicitudes si continuamos como estamos ahora", sostuvo.

Según el funcionario, la intención de los ajustes es agilizar los trámites de la agencia en un 20 por ciento a corto plazo.

"El aumento va a ser significativo, pero a la vez, las personas que no puedan afrontarlo van a tener una ayuda", afirmó González, quien indicó que las solicitudes de ayuda van a estar a disposición de los solicitantes.

Legisladores hispanos y de origen asiático, y el Fondo México-Americano para la Defensa y la Educación (MALDEF) criticaron inmediatamente las nuevas tarifas.

"Nuestra obligación es garantizar que los servicios de inmigración y ciudadanía son asequibles", afirmó hoy el líder del Caucus Hispano de la Cámara Baja, el legislador demócrata, Joe Baca, en un comunicado.

También el responsable del Caucus Asiático, Mike Honda, aseguró por su parte que su grupo hará lo posible por garantizar que los incrementos que se apliquen a las tarifas de inmigración sean "justificados y razonables".

MALDEF instó al Congreso a que ejerza sus poderes de supervisión y encuentre alternativas para mejorar y financiar la creciente burocracia en el ámbito de la inmigración.

Según el presidente de esta organización, John Trasviña, el incremento de tarifas propuesto por la administración sólo servirá para poner una barrera más al sueño de la ciudadanía estadounidense "a expensas de los residentes permanentes que ya pagan impuestos".

"Esperamos que este anuncio también contenga un plan de contingencia para reducir los retrasos y aumentar la calidad de los servicios ante tantas quejas", indicó a Efe José Lagos, presidente de la Unidad Hondureña, con sede en Miami.

Lagos fue categórico al expresar su rechazo al incremento de las tarifas, que dice serán una carga demasiado pesada para muchas familias inmigrantes. Por su parte, el presidente de la Coalición de Organizaciones Latinas de Virginia (VACOLAO), Andrés Tovar, afirmó que "no es justo, pero no tenemos otra opción, este es un proceso que tenemos que seguir".

Tovar indicó que, desde el punto de vista económico, el aumento va a perjudicar a muchas familias.

El último incremento general en la agencia ocurrió en 1998, cuando las tarifas aumentaron en un 76 por ciento. Tras ese ajuste la agencia había subido el costo de sus trámites de acuerdo con la inflación en el 2002 y en el 2005. EFE