En declaraciones que hoy publica la prensa local, Ortega dijo que se opone a la destrucción de estos misiles, con el argumento de que recientemente el gobierno de Estados Unidos aprobó renovar la flota aérea de guerra de Honduras.

Agregó que Nicaragua no puede destruir estas armas defensivas y desarmarse mientras sus vecinos se arman, en alusión a que El Salvador también posee aviones de guerra.

El presidente apeló al patriotismo de los diputados de su país para que no apoyen las iniciativas sobre la destrucción de los cohetes.

El mandatario se refirió al tema de los misiles anoche luego de hacer una visita al cardenal Miguel Obando y Bravo para explicarle los esfuerzos que su gobierno hace para combatir la pobreza.

Ortega no descartó la posibilidad de destruir aquellos misiles cuya vida útil llegue a su vencimiento.

En la Asamblea Nacional de Nicaragua se encuentran desde marzo del año pasado dos proyectos de ley, uno de ellos presentado por el ex-presidente Enrique Bolaños, para la destrucción de los 1.100 misiles que el ejército tiene en sus inventarios.

Bolaños argumentó la conveniencia de eliminar los cohetes como parte de un aporte de Nicaragua a contribuir al balance razonable de fuerzas en Centroamérica.

El otro proyecto de ley fue presentado por el entonces diputado de la antigua Resistencia Nicaragüense Fernando Avellán, que propuso la eliminación de los cohetes en un pazo de 180 días.

La propuesta del ejecutivo establecía que el año pasado se efectuara la destrucción de 651 cohetes y el resto posteriormente, pero la iniciativa aún no ha sido aprobada.

La posición de las Fuerzas Armadas de Nicaragua en relación a este proyecto de ley es que el país conserve el 20 por ciento de los misiles para la defensa del país.

El gobierno de los Estados Unidos ha insistido a Nicaragua que destruya todos los misiles por temor a que caigan en manos de terroristas, debido a que pueden ser lanzados desde el hombro y derribar aviones comerciales.

Los misiles fueron fabricados en la extinta Unión Soviética y obtenidos por Nicaragua durante la década de los años 80, cuando el país centroamericano libraba una guerra civil con los efectivos de la contrarrevolución, anti-sandinistas, que comenzó en marzo de 1982 y finalizó el 27 de junio de 1990.