El coordinador de MAO, el padre salvadoreño nacionalizado hondureño, Andrés Tamayo, declaró a periodistas que “están borrando las evidencias de las paredes” de la municipalidad de Guarizama, donde el 21 de diciembre de 2006 fueron ajusticiados los jóvenes ambientalistas Francisco Eraldo Zúñiga y Roger Iván Romero.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) dijo, por su parte, tener informes referentes a que “agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) procedieron a terminar de alterar la escena del crimen donde fueron ejecutados los dos hombres.

Según la denuncia del CONADEH los agentes de la DGIC “removieron en ausencia de la autoridad competente posibles evidencias, propias del juicio que se ha promovido en contra de los policías supuestamente responsables de esta ejecución extrajudicial”.

“La ausencia de los fiscales y de los jueces, por no haber sido notificados de estas acciones de la Policía , agrava la situación impropia de un Estado de derecho y dice más de una actitud conciente de posible encubrimiento de la verdad por parte de sus superiores”, agregó el CONADEH.

“Se ha cometido un delito por las autoridades policiales de este país, habrá que averiguar ahora, por parte de la Fiscalía , quién es el funcionario que ha dado esta orden arbitraria y contraria al Estado de derecho”, dijo en un rueda de prensa el titular del CONADEH, Ramón Custodio.

Consideró que este hecho “viene a consolidar la impunidad” en el país y que los responsables de este hecho “lo que requieren es el retiro de evidencias que están en una escena del crimen que todavía sigue siendo parte de una investigación, porque a la hora de reconstruir los hechos de un doble homicidio ya están alteradas las circunstancias”. Demandó a las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial actuar de inmediato en este caso.

Custodio dijo que su organismo denunciará estos hechos ante las instancias internacionales correspondientes, principalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Desapariciones Forzadas y de Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, que visitó el país la semana anterior.