La acción judicial fue incoada por la Procuraduría General de la República (PGR) ante el Juzgado Primero de Letras de lo Civil de Francisco Morazán.

El abogado Efraín Moncada Silva explicó que con la acción judicial buscan que el juez que conoce la causa “ordene un requerimiento a Petrotela para que dentro del corto tiempo que él señale cumpla la obligación (adquirida con el Estado), y si no la cumple pues el juzgado procederá conforme a derecho”.

Moncada Silva dijo que en este procedimiento no proceden los recursos de amparo, sino que “se resuelve allí mismo el requerimiento, el juez ordena y hay que cumplir la obligación y si no el juez la cumple por su parte”.

Con este procedimiento, el Gobierno busca que el tribunal requiera a Henry Arévalo, en su condición de representante legal de la empresa Dippsa, para que “lo declaren en mora en cumplimiento de una obligación contenida en el contrato suscrito con el Estado de Honduras”.

Demandan de Dippsa el cumplimiento de una cláusula del contrato de concesión firmado con el Estado, la que dice “que en caso de emergencia nacional el señor Arévalo, como representante de la sociedad mercantil que opera el almacenamiento de combustible, tiene que ponerlo a disposición del Estado”.

“Es un requerimiento donde el juez dentro del término que él señale va a exigir el cumplimiento de la obligación” de Arévalo de alquilar sus terminales de almacenamiento al Gobierno de Honduras”, señalaron fuentes oficiales.

Consideraron también que esta “tiene que ser una actuación judicial muy breve” e indicaron que en el escrito presentado se le ha explicado “que se trata de una suma urgencia, de necesidad nacional”.

El Estado de Honduras requiere de las terminales de Dippsa en el norte y sur del país para colocar en ellas los combustibles que compre a la transnacional Conoco Phillips, ganadora del incompleto proceso de licitación internacional para la compra de combustibles, impulsado por la administración del presidente, Manuel Zelaya, con el objetivo de bajar el precio de estos productos en el mercado nacional.

“Esperamos y confiamos que Dios los ilumine (a los jueces) y que dictaminen a favor del pueblo”, dijo la coordinadora de la Coalición Patriótica , Juliette Handal.

El Gobierno optó por la instancia judicial tras el fracaso de las reuniones de conciliación realizadas por la Procuraduría General de la República la semana anterior.

“Ellos nos obligan a acudir al Poder Judicial para hacer prevalecer los intereses del Estado de Honduras (…), es en los tribunales donde se resolverá la controversia, “, dijo ayer Miranda de Galo.

El diálogo buscaba un acuerdo en cuanto al monto que el Gobierno debe pagar a Arévalo por el alquiler de las terminales de combustible de Dippsa para ser utilizadas por el Gobierno para el almacenamiento de los carburantes que comprarán a la transnacional estadounidense Conoco Phillips.

El Gobierno ofrece el pago de tres centavos de dólar por el almacenamiento de cada galón de carburantes, en tanto que Arévalo pide seis.