Según
el diario, Chávez estaría disgustado con Arias por
las críticas que éste hizo a los poderes especiales
cedidos al mandatario venezolano por el Congreso de su país.
En una entrevista a una radio local
el pasado 1 de febrero, Arias calificó esta acción
como una "negación de la democracia".
Los 400 empleados de Alunasa enviaron
el pasado miércoles una carta al presidente costarricense
en la que le informaron su "preocupación" por el
eventual cierre de la empresa, e incluso le solicitaron una audiencia
para exponerle la situación.
Esta gestión fue respaldada
por un diputado y por el alcalde de Esparza, la comunidad rural
donde se ubica la fábrica (96 kilómetros al noroeste
de San José).
La Presidencia de Costa Rica confirmó
hoy mediante un comunicado la recepción de la carta en la
que se expresa la preocupación de los trabajadores de Alunasa.
"Esperamos que no se concreten
los temores de los trabajadores, pues sería lamentable despojar
de su sustento a aproximadamente 400 trabajadores y a sus familias,
que suman unas 2.400 personas", manifestó el presidente
Arias.
"Me es difícil creer
la versión de un posible cese de operaciones de una fábrica
sumamente eficiente y altamente rentable para el Gobierno de Venezuela",
añadió el mandatario.
El Gobierno costarricense indicó
que está intentando establecer contacto con jerarcas de la
empresa, a fin de conocer las acciones que tomarían.
Ni la embajada de Venezuela en Costa
Rica, ni las autoridades de Alunasa han querido referirse al caso.
Acan-Efe intentó localizar
al presidente de la firma en el país y único funcionario
autorizado a referirse al tema, Ramón Rosales, al parecer
"fuera de la empresa hasta la próxima semana",
según uno de sus asistentes.
El alcalde de Esparza, Dagoberto
Venegas, dijo a "La Nación" que Chávez "habría
decidido incluso trasladar las operaciones de Alunasa a otro país
centroamericano y de inmediato habría ordenado la suspensión
del envío de materia prima desde Venezuela".
Alunasa se creó en 1981 como
una empresa estatal costarricense, pero en 1990 fue adquirida por
el Estado venezolano, quien la opera en el país bajo el régimen
de zona franca y genera exportaciones por más de 50 millones
de dólares al año. EFE
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