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La
cooperación entre sectores radicales, grupos guerrilleros
y bandas de delincuencia común toma cada vez mayor fuerza
en los secuestros políticos, producto de la lenta, pero inevitable
integración regional.
Las
cada vez más difusas fronteras han permitido a los secuestradores
estrechar relaciones con sus pares de los países vecinos
e incluso hablar hoy del "trasteo" de rehenes, como el
que insinúa el gobierno colombiano se hizo con Ingrid Betancourt,
quien cumple mañana cinco años en poder de las FARC.
Colombia,
hasta hace poco el país con el mayor número de raptos
del mundo, es el que más se queja de la existencia de esa
red trasnacional y acusa a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) de "exportar" sus técnicas a la
región y de usar las zonas selváticas de frontera
para llevar a los plagiados a otros países.
La
cooperación de los rebeldes colombianos se evidenció
en el 2005, cuando el gobierno paraguayo responsabilizó a
las FARC de asesorar a militantes del sector radical del Partido
Patria Libre (PPL) para que secuestraran en septiembre de 2004 a
la hija mayor del ex presidente de Paraguay Raúl Cubas Grau
(1998-1999).
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El
cadáver de Cecilia Cubas fue encontrado cinco meses
después en una fosa cavada en una vivienda de las afueras
de Asunción y luego de que su familia pagó 300.000
dólares.
La
organización responsable de ese rapto también
es acusada de sonados secuestros, como el de la nuera del
ex ministro de Hacienda Enzo Debernardi en el 2002.
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En
Honduras, este año
se han registrado al menos tres secuestros, mientras que en 2006
sumaron 16, según la Policía. Todos han sido resueltos
sin consecuencias fatales, algunos tras el pago de rescate.
Entre los secuestros más sonados, seguidos de asesinato,
ocurridos en este país de América central, figuran
el del empresario y ex ministro de Economía Reginaldo Panting,
en junio de 2002, y el de Ricardo Ernesto Maduro, hijo del ex presidente
hondureño Ricardo
Maduro, en abril de 1997.Ambos se registraron en San
Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras,
y fueron atribuidos al crimen organizado.
Los plagios que involucran a movimientos guerrilleros de otros países
también han tenido como escenario a Bolivia, donde en 1995
el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) de Perú
tomó como rehén al actual jefe de la centrista Unidad
Nacional y miembro de la Asamblea Constituyente, Samuel Doria Medina.
El
dinero que se entregó por la liberación de Doria
Medina, ex ministro de Planeación, fue usado por los
insurgentes peruanos para planear y ejecutar dos años
después el asalto a la embajada japonesa en Lima. |
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En
Brasil el secuestro también ha involucrado a organizaciones
rebeldes latinoamericanas que pretendían financiar
sus acciones con el plagio de empresarios.
En
1989 cinco miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) de Chile, junto con dos militantes argentinos, dos canadienses
y un brasileño secuestraron al empresario de Brasil
Abilio Diniz.
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Años
después, un grupo de extremistas integrado por tres chilenos,
dos colombianos y una argentina nacionalizada española, y
liderado por Mauricio Hernández Norambuena, un conocido ex
guerrillero de Chile, secuestró en 2001 a un publicista brasileño
con la finalidad de obtener recursos para financiar su movimiento.
Una
de las retenciones por causas políticas que tuvo resonancia
ocurrió el 2 de enero de 1994 en México, cuando un
día después de alzarse en armas el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó como
rehén al general retirado y ex gobernador del estado de Chiapas,
Absalón Castellanos, a quien liberaron días después.
Asimismo,
Costa Rica ha sufrido casos de secuestros por parte de bandas internacionales
que se unen a delincuentes nacionales para cometer los raptos.
El
caso más reseñado fue el secuestro en 1996 de la alemana
Nicola Fleuchaus y la suiza Regula Susana Siegfried por parte de
un comando integrado por costarricenses y ex guerrilleros nicaragüenses
que negociaron la liberación con los familiares de las europeas.
Otro
de los raptos que tuvo un amplio despliegue en 1992 fue el del entonces
ministro costarricense de Seguridad, Luis Fishman, a manos del hondureño
Orlando Ordóñez, quien se las arregló para
llevar a su rehén a Honduras en avión y exigir el
pago de 100.000 dólares por su liberación.
Ese
"trasteo" de rehenes a otros países también
se presentó en Argentina en el 2003, cuando el joven
Cristian Schaerer fue raptado y presuntamente llevado a Paraguay.
En
la década de los 70 el secuestro era una práctica
común de los grupos rebeldes para reclamar reivindicaciones
sociales, pero hoy ese delito ha cobrado vigencia por los
raptos de hombres de negocio y diplomáticos a cambio
de recompensas, principalmente en Venezuela y Panamá.
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El
banquero panameño Sam Kardonsky fue secuestrado en 1984 en
el país centroamericano por rebeldes colombianos y entregado
en Ecuador en noviembre de 1985 tras el pago de una recompensa.
Las
FARC también secuestraron en esa nación en enero de
2006 al médico español José Colastra y su hijo,
quienes fueron liberados días después del pago de
dinero por su libertad. EFE/ProcesoDigital
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