El
II Informe sobre el estado de los casos de corrupción en
Honduras 2006, presentado por la Federación de Organizaciones
para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), subraya que las modalidades
de corrupción han variado, tanto, que rebasan la imaginación,
"no sólo del ciudadano común, sino también
de los estudiosos del tema".
Según
el informe, la lucha contra la corrupción en Honduras es
todavía "un discurso en ocasiones vacío de contenido".
Además,
los grupos fácticos frenan la voluntad política de
profundizar en la investigación, mientras que a las instituciones
interesadas en no ser parte de la corrupción se les ahoga
vía presupuesto y ausencia de apoyo.
El
estudio, elaborado entre noviembre de 2004 y julio de 2006, fue
presentado en un hotel de Tegucigalpa ante el titular del Consejo
Nacional Anticorrupción, Juan Ferrera; diputados del Parlamento
y representantes de la sociedad civil, entre otros invitados.
El
ex titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos Jorge Yllescas
dijo que a los corruptos hay que señalarlos con nombre y
apellido, y resaltó, entre otras cosas, que Honduras figura
como el quinto país de América Latina en materia de
lavado de activos.
La
investigación señala que en las últimas dos
décadas se han creado instituciones como el Ministerio Público
y reformado otras para el combate de la corrupción, pero
en la práctica no hay evidencias de que el sistema de justicia
asuma la lucha contra ese flagelo como política del Estado.
La
corrupción es un elemento de desestabilización y un
flagelo que también ha penetrado los sistemas políticos
y los partidos, agrega el informe, que además compara los
esfuerzos que hacen otros países, como Costa Rica, para castigar
a los corruptos.
El
primer informe del FOPRIDEH, de 2004, señaló algunos
de los casos más sonados de corrupción en Honduras,
como un soborno bananero en 1975 y la quiebra de la Corporación
Nacional de Inversiones (CONADI), que representó la pérdida
de unos 670 millones de dólares, y otros más recientes
que no han sido esclarecidos.
El
informe de 2006 también incluye quiebras de bancos y presuntos
casos de corrupción de gobiernos pasados, principalmente
el de Rafael Callejas (1990-1994), quien siempre ha atribuido las
acusaciones a una "persecución política"
y ha recibido del poder judicial cartas de libertad que lo exculpan.
También
hace referencia a las denuncias que hace la prensa local y la existencia
de "un periodismo coludido con los grupos de poder, que ataca
a las personas que denuncian la corrupción y a otros periodistas
que apoyan las investigaciones".
Agrega
que la prensa ha perdido su papel de informar y de investigar, y
que hay periodistas aliados "con los grupos de poder ligados
a la corrupción porque les dan regalías y unos se
venden al mejor postor. Es decir, la prensa también se ha
vuelto corrupta".
El
Gobierno que preside Manuel Zelaya, quien asumió el poder
el 27 de enero de 2006, también es salpicado por presuntos
actos de corrupción.
La
investigación del FOPRIDEH propone establecer alianzas con
instituciones del Estado interesadas en políticas anticorrupción
para ejecutar acciones conjuntas en campañas de prevención
y rendición de cuentas, entre otras recomendaciones. EFE
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