Tegucigalpa – Instituciones hondureñas expondrán mañana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre el clima de inseguridad jurídica y los altos índices de violencia en este país centroamericano, se informó hoy.

La CIDH informó en su sitio en Internet que mañana recibirá en audiencias públicas a delegados del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Casa Alianza y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Fuentes en Honduras informaron de que los delegados del Colegio de Abogados y el CODEH denunciarán el asesinato de seis abogados, ocurridos en los meses de noviembre y diciembre de 2006 en este país centroamericano.

Las mismas fuentes explicaron que, en una audiencia separada, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) hablará sobre Medidas de seguridad pública y derechos humanos en Honduras.

Casa Alianza y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), por su parte, dará continuidad a la denuncia de la detención ilegal y posterior asesinato de Oscar Daniel Medina Cortés (15) y José Luís Hernández (14), el 11 de enero de 1988 en Tegucigalpa.

Las audiencias cerrarán con la participación de una delegación de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que reiterará denuncias sobre “múltiples casos de apropiación de terrenos, por parte de los miembros de la elite de poder” en la comunidad de el Triunfo de la Cruz”, en Tela, Atlántida.

Abogados denunciarán impunidad
Miembros del Colegio de Abogados de Honduras dijeron a los periodistas que estarán denunciando la impunidad prevaleciente en el asesinato de los abogados Eduardo Leverón, Oscar Callejas, Marco Avidán López, Dionisio Díaz García, Efrén Chávez y José Guillén, ocurridos entre los meses de noviembre y diciembre de 2006.

“Haremos una exposición objetiva y responsable de la situación que está pasando en el país, fundamentalmente en el tema de la muerte violenta de abogados”, declaró el presidente del CAH, Valentín Aguilar.

“Concretamente nosotros hemos planteado la necesidad de conocer los resultados que el Estado tiene en materia de investigación criminal sobre la muerte de seis colegas acaecidas en los meses de noviembre y diciembre del año recién pasado”, declaró.

Aguilar dijo que también plantearán las amenazas a muerte de las que ha sido objeto los abogados Jesús Martínez Suazo y Alda Kawas, quienes debieron abandonar el país para preservar su seguridad.

Expuso, además, que el Estado hondureño a la fecha no tiene conclusiones específicas sobre estas muertas “y nos interesa como gremio descartar que todo estos crímenes de violencia tienen un objetivo que es dañar la profesión del derecho, y hasta este momento las conclusiones no las tenemos”.

“Nos anima el hecho de que somos un Estado de derecho y que el Estado de Honduras está obligado internacionalmente a respetar convenciones internacionales y declaraciones de organismos como las Naciones Unidas que han producido documentos que se refieren a la protección del ejercicio de la profesión del derecho”, planteó.

En base a eso, añadió, acudimos a una instancia legítima, que no es desestimar el esfuerzo que el Estado de Honduras puede hacer y debe de hacer porque así se lo impone la ley.

Aguilar explicó que esta audiencia es informativa, pero que la Comisión entre sus facultades puede adoptar resoluciones como medidas cautelares que puedan ser efectivas las garantías de seguridad a varios miembros del Colegio de Abogados amenazados para poder liberar con toda la solvencia este tema de defensa del ejercicio de la profesión del derecho.

COFADEH planteará la inseguridad en el país
La coordinadora del COFADEH, Bertha Oliva, dijo a Proceso Digital que comparecerán a la CIDH para “hablar del tema de seguridad en el país”.

Dijo que, en opinión del COFADEH, este es un tema “que debe ponerse en la mesa de discusiones a nivel nacional e internacional, un tema que convoca, un tema incluyente, porque dentro de esta debilidad que estamos viviendo en el tema de seguridad todos estamos expuestos”.

“Queremos llamar la atención sobre este problema en un tribunal internacional, es la primera vez que lo hacemos, hoy nos toca hablar de seguridad en el sentido amplio de su palabra”, indicó.

Informó de que en la audiencia “vamos a plantear todo lo que en materia de seguridad hemos venido sufriendo como pueblo” y a denunciar la desaparición forzada de dos ciudadanos hondureños en la administración del presidente, Manuel Zelaya.

Dijo que se trata de los casos del cooperativista Jorge Ruiz y el agente de la Policía Nacional Edwin Zepeda Barrientos.

De acuerdo a informes del COFADEH, Ruiz desapareció el 11 de junio del año pasado y trabajaba en actividades de cooperativismo en la zona de Sico y Paulaya, Olancho. Mientras que Zepeda Barrientos desapareció el 8 de diciembre pasado cuando realizaba labores de patrullaje en Marcala, La Paz.

"Ellos están desaparecidos, porque hasta el día de hoy no se tiene conocimiento (de donde están), yo creo que la vida se debe de respetar independientemente de quien se trate", manifestó Oliva.

Indicó que el cooperativista y el policía fueron capturados por hombres vestidos como agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC).

La defensora de los derechos humanos dijo que sobre estos casos “no quiero en este momento afirmar que es una política institucional de este Gobierno porque eso es muy grave, lo que si puedo afirmar es que hay una tendencia a una involución increíble en materia de violaciones graves a los derechos humanos”.

Los casos de Triunfo de la Cruz y Punta Piedras
OFRANEH informó por su parte en un comunicado, que en las audiencias ante la CIDH se plantearán “las problemáticas territoriales de las comunidades de Triunfo de la Cruz (Atlantida) y de Punta Piedras (Colón)”.

“La audiencia sobre Triunfo de la Cruz incluye múltiples casos de apropiación de terrenos dentro de la comunidad, por parte de los miembros de la elite de poder”, señaló la fuente.

“La gran mayoría de los juicios que incluye el expediente de Triunfo, no fueron escuchados en los tribunales locales, demostrando la parcialidad del sistema jurídico nacional”, añadió.

Recordó que el caso de Punta Piedras ya se había sido atendido en la CIDH en las audiencias de marzo del año pasado, e incluso se había llegado a un acuerdo amistoso entre la OFRANEH y el Estado de Honduras para solucionar la situación dada desde el año 1992, cuando grupos campesinos instigados por militares se apropiaron del habita funcional de la comunidad.

Desde el 2003, después de un peregrinaje de miembros de la comunidad al Congreso Nacional, el Estado determino pagar las mejoras a los campesinos invasores para que abandonaran las tierras apropiadas.

“El arreglo amistoso con el Estado se quedo como papel mojado, y un año después no se ha finiquitado la problemática.”, apuntó.

OFRANEH dijo que el pueblo garífuna espera que con las Audiencias en la CIDH “avancemos en la solución de las problemáticas, al mismo tiempo que deploramos tener que acudir a instancias internacionales”.