La acción judicial fue interpuesta, después que el gobierno de Manuel Zelaya Rosales presentara una acción civil en la Corte Suprema de Justicia para ocupar por la vía legal las terminales de combustibles de Dippsa, que serán utilizadas por la empresa ganadora de la licitación internacional de combustibles Conoco Phillips.

La acción judicial del gobierno no se ha podido materializar en vista que el empresario de los combustibles se encuentra “desaparecido” y el juzgado que conoce el caso no ha podido entregarle el requerimiento judicial que autoriza la intervención de los depósitos.

Dippsa argumentó la acción judicial en contra del Estado hondureño en el hecho que en este momento no existe una emergencia nacional que justifique la intervención de sus terminales de almacenamiento.

Esa empresa entiende que sus tanques pueden pasar a poder del gobierno sólo si hay una emergencia, sin embargo, sostienen que hay una existencia suficiente de combustibles, y que no es necesario decretar una emergencia.

Además, arguye que todos los importadores están trayendo los derivados del petróleo sin ningún problema, y que por tanto no ha existido una emergencia.

Curador
Al no aparecer por ningún lado, la Procuraduría General de la República determinó este jueves solicitar el nombramiento de un curador ad litem para que represente al empresario Henry Arévalo, y así cumpla con la cláusula contractual con el Estado y entregue los tanques de almacenamiento que albergarán los combustibles tras la licitación.

Henry Arévalo

La Procuraduría interpuso ante el juzgado de Letras de lo Civil un escrito donde solicita que se nombre un curador ad litem para que represente al presidente de la compañía Dippsa, a quien en los últimos días, después de un requerimiento judicial, no se le localiza por ningún lado. Mediante un comunicado, la entidad señaló que ha sido imposible localizar a Arévalo, a quien se le ha buscado tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela a través de receptores incluso hasta en horas inhábiles, pero sin tener éxito alguno, por lo que se presentó la petición.

De ser favorable la petición ya no será necesaria la presencia de Arévalo en los tribunales, ya que su representante legal tendrá que comparecer por él, y deberá entregar al Estado los tanques de almacenamiento.

En las próximas horas, el juez determinará si procede o no la petición de la Procuraduría General de la República. De ser favorable, el Estado tendrá que publicar el fallo en los medios de comunicación.

Asimismo, sólo se le informará a Henry Arévalo que se le ha nombrado un curador ad litem para que lo represente, en vista que no se le ha ubicado en ningún lado para que responda a un requerimiento fiscal.

El alquiler de las terminales es una de las condiciones de la empresa Conoco Phillips para firmar el contrato para la importación de combustibles a Honduras, pero a la fecha no se ha podido culminar con la misma, y el propio presidente bautizó esta situación como una "telenovela".

La Comisión Administradora del Petróleo (CAP) emitió un dictamen técnico en el que asegura que Dippsa violentó un decreto ejecutivo. El informe fue remitido al Ministerio Público, que investiga la denuncia que interpuso la empresa Copena en contra de Arévalo.

La Fiscalía hará un análisis jurídico para determinar si acusan a Arévalo por delitos contra la economía. Además, al no comparecer a dos audiencias de conciliación con Copena, la fiscalía analiza si se interpone un requerimiento en contra de Arévalo por desobediencia.