El proyecto de ley HB07-1804, del representante Randy Terrill (republicano del Distrito 53), propone la implementación de un sistema de verificación de documentos de identidad para constatar que las personas que soliciten servicios públicos sean ciudadanos de Estados Unidos o estén viviendo legalmente en este país.

La propuesta, también conocida como Acta de Protección de los Contribuyentes y Ciudadanos de Oklahoma, requiere que el interesado en votar presente "pruebas fehacientes" de que es ciudadano estadounidense, y no acepta documentos de otros estados.

En el debate de ayer el Comité Judiciario y de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes estatal aprobó el proyecto de Terrill por catorce votos a favor y tres en contra.

A diferencia de años anteriores, en los que Terrill presentó sin éxito medidas similares, en la actual legislatura de Oklahoma los republicanos tienen la mayoría, por lo que Terrill anticipó que "esta vez la ley será aprobada".

Medidas similares ya fueron implementadas en Georgia, Arizona y Colorado, y actualmente se debaten otros proyectos de ley con los mismos objetivos en Utah, Idaho y Wyoming.

En todos estos casos se pide que los empleados públicos verifiquen la autenticidad de los documentos presentados por quien solicite beneficios públicos, y se requiere que los empleadores de empresas privadas realicen una verificación similar de los documentos de sus potenciales empleados.

En el caso específico de Oklahoma, también se negarían licencias de conducir y tarjetas de identificación a personas que no pueden comprobar su presencia legal en Estados Unidos.

Así mismo, se dejaría sin efecto la ley, vigente desde el 2003, que permite a jóvenes indocumentados (que cumplan con ciertos requisitos) recibir matrículas universitarias reducidas.

Basándose en estadísticas compiladas por la Federación por la Reforma Inmigratoria en Estados Unidos (FAIR, por su sigla en inglés), Terrill indicó que "los indocumentados le cuestan a Oklahoma 200 millones de dólares al año en servicios y beneficios públicos".

Por otro lado, el sitio de internet de FAIR calcula que de los poco más de 3,5 millones de residentes en Oklahoma, unas 46.000 personas serían inmigrantes indocumentadas, es decir, 1,3 por ciento del total de la población estatal.

A pesar de que los indocumentados sólo representan un pequeño porcentaje de la población total, Terrill dijo que tienen un impacto tan grande en los recursos económicos de Oklahoma que hacen que "las personas más necesitadas de nuestro Estado no tengan acceso a servicios sociales, porque esos recursos se usan para los indocumentados".

Por su parte, varios grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como la Agencia Latina de Desarrollo Comunitario, en Oklahoma City, así como organizaciones comunitarias e iglesias, van en contra de la iniciativa.

Tales organizaciones reiteraron en distintos comunicados que "estas leyes no resuelven el problema de la inmigración ilegal, ya que le compete al gobierno federal, y no a los gobiernos estatales, implementar una reforma inmigratoria".

Los grupos comunitarios advirtieron que, como en otros estados, esta ley podría tener un impacto negativo en la economía local, y que, en el peor de los casos, podría promover una actitud generalizada de "vigilancia de inmigrantes indocumentados".

De acuerdo con proyecciones de la Oficina del Censo, en Oklahoma actualmente viven unos 231.000 hispanos, de los cuales la mitad nacieron fuera de Estados Unidos. EFE