Los organizadores del llamado "Segundo gran boicot estadounidense" esperan que la ausencia de los inmigrantes de los trabajos, escuelas o centros comerciales el próximo 1 de mayo haga que el Congreso apruebe una reforma que beneficie a los doce millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en EEUU.

Agrupaciones de 18 estados de costa a costa, entre ellos California, Texas, Illinois y Nueva York, participarán en el boicot, que, como parte de un "día sin inmigrantes", evoca el radicalismo de la década de 1960 a favor de los derechos civiles de las minorías o las movilizaciones de César Chávez a favor de los trabajadores del campo.

En una rueda de prensa, los activistas que conforman el movimiento describieron el drama humano detrás de la política migratoria de EEUU que, aseguraron, ha servido para separar a las familias y reprimir a la comunidad inmigrante.

"Queremos que cesen las redadas, las deportaciones y la guerra contra los inmigrantes (...) ningún ser humano es ilegal", dijo el obispo Filipe Teixeira, de Boston (Massachusetts).

Teixeira denunció las redadas del 6 de marzo pasado en una fábrica en New Bedford, que obligó a muchos inmigrantes a saltar hacia las gélidas aguas "para huir de hombres armados, helicópteros, perros, escuadrones antibomba, la policía local y estatal", así como agentes de inmigración.

El obispo recordó el caso, también criticado por diarios nacionales, de una bebé que fue separada de su madre indocumentada y hospitalizada por deshidratación, al no poder digerir la leche enlatada que recibió.

Más de 300 inmigrantes fueron detenidos en esa redada y algunos activistas quieren que el Congreso investigue los pormenores de la operación policial.

La Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) ha dicho que esa y otras redadas en Estados Unidos forman parte de su labor de hacer cumplir las leyes que prohíben la contratación de indocumentados.

A falta de una reforma migratoria, las localidades y gobiernos estatales elaboran sus propias leyes para hacer frente a la presencia de los inmigrantes sin papeles.

Javier Rodríguez, de la Coalición 25 de marzo de Los Ángeles, explicó con este boicot se busca repetir los logros del efectuado en 2006, que paralizó "casi el 80 por ciento del comercio" en esa ciudad.

Las redadas, que comenzaron el año pasado, tienen "un motivo político absoluto para neutralizar a este movimiento", dijo Rodríguez.

En tanto, Emma Lozano, del grupo "Pueblo sin Fronteras", de Chicago, destacó las contribuciones económicas de los inmigrantes.

"Por qué nadie nos pide papeles cuando compramos en tiendas como Target (cadena de almacenes)", apuntó.

Lozano citó el caso de la mexicana Elvira Arellano que, junto a su hijo estadounidense, permanece refugiada desde hace siete meses en una iglesia de Chicago para evitar la deportación y "es símbolo de la crisis en Estados Unidos, donde los indocumentados han sido explotados por más de un siglo".

Durante su gira por cinco países de América Latina, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, reiteró su compromiso con la reforma migratoria, aunque también dijo que EEUU es un país de leyes.

La oposición demócrata replica que el jefe de la Casa Blanca debe presionar a los republicanos que aún se oponen a la reforma.

La convocatoria al boicot nacional se produce en momentos en que el Congreso, ahora bajo control demócrata, intenta retomar el debate migratorio, con la idea de votar la reforma antes de agosto próximo.

Al igual que en 2006, esta táctica de presión pone de manifiesto las divergencias de la comunidad hispana sobre cómo lograr la regularización de los inmigrantes clandestinos.

La rueda de prensa no contó con la asistencia de las principales organizaciones hispanas, ni con los que lideraron las protestas del año pasado.

Sin embargo, los activistas insistieron en que tienen el respaldo del sector privado, la iglesia y grupos sindicales.

"Somos gente trabajadora, no delincuentes, y queremos respeto y dignidad. Somos gente de paz y no vinimos a hacer problemas", resumió Mario Rodríguez, un trabajador mexicano del área de Freehold (Nueva Jersey). EFE