En Show se convirtió comparecencia de Marcelo Chimirri en el Congreso
   
  • Fiscalía inspecciona equipo incautado a empresa PRONTO

22 de marzo de 2007
Redacción Proceso Digital

Tegucigalpa – En un show político se convirtió la comparecencia del subgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri, ante el Congreso Nacional.

 


Chimirri, así como el gerente de Hondutel, Jorge Lagos, expusieron a los diputados el conflicto que ha generado el secuestro de equipo de telecomunicación a la empresa PRONTO, propiedad de la familia Kattán, que tiene su sede en la norteña ciudad de San Pedro Sula.

En el preciso instante que éstos hablaban ante los legisladores, fiscales del Ministerio Público recuperaron e inspeccionaron el equipo que se encontraba en custodia en una bodega de Hondutel.

La acción se celebró sin sobresaltos, a pesar de que por tres días las autoridades de Hondutel y un reducido grupo de empleados y activistas del Partido Liberal (en el poder), se opusieron a la entrega, a pesar de mediar una orden judicial.

Las autoridades de Hondutel accedieron a entregar el equipo, luego de recibir una orden del propio presidente de la República, Manuel Zelaya.

A la entrega del equipo asistió el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Rasel Tomé, quien dijo a periodistas que técnicos procedieron de inmediato a vaciar la información contenida en los equipos de la empresa PRONTO.

Show y aplausos
En su comparecencia, Chimirri dijo que de las 51 empresas desmanteladas hasta ahora por defraudar el fisco, al menos 25 de ellas adeudan al Estado al menos “128 millones de dólares, unos 2.450 millones de lempiras, que es cinco veces o más el presupuesto del Congreso, el doble del presupuesto de Seguridad”.

“A nosotros nos interesa esto, miren señores, esto, este precedente nefasto para el país”.


Marcelo Chimirri

“Y ese dinero existe y está en los bolsillos de todas estas personas que están aquí y contra eso es que este funcionario está luchando”, dijo en medio de la gritería de un grupo de activistas políticos que llenaron el sector destinado al público en la Cámara Legislativa.

Tras la comparecencia inicial de Chimirri, los diputados de las diferentes bancadas hicieron uso de la palabra, unos, para alabar la actitud del funcionario de Hondutel, otros para criticarlo.

Una de las ponderadas fue la diputada liberal Dilma Quezada de Martínez, quien llamó a la cordura a sus compañeros de Cámara y señaló que esa no era la tribuna para ventilar problemas personales, en relación al enfrentamiento público entre miembros de la familia Kattán y funcionarios de Hondutel.

En la misma sesión el diputado Carlos Kattán presentó un video en el cual se mostraba el tendido de fibra óptica para un negocio propiedad de Chimirri, quien reconoció que la fibra óptica iba dirigida a su casa, pero que prestaba servicios a otros pobladores del lugar.


Carlos Kattán
Acusó a Kattán de violentar su intimidad y le responsabilizó de cualquier daño que pueda sufrir él o su familia.

La sesión, que se extendió por más de cuatro horas, fue dirigida por el diputado-presidente de la Cámara Legislativa, Roberto Micheletti, quien en muy pocas ocasiones asiste a las sesiones.

Piden investigar TIGO y CLARO

El diputado de Unificación Democrática (UD, de izquierda), César Ham, pidió investigar si las empresas TIGO y CLARO, las dos operadoras de telefonía celular en el país, están autorizadas para el tráfico internacional de llamadas.

“Hemos tenido información de que también esa es una fuente de defraudación del Estado”, denunció.

El legislador pidió integrar una comisión especial para que reciba los informes de Hondutel, CONATEL y de la Comisión Técnica Internacional y que la Fiscalía y CONATEL investigue la actuación os casos de fraude de llamadas internacionales

Solicitó que la investigación, en su primera etapa, se inicie a partir de la finalización de la exclusividad de las llamadas internacionales de Hondutel el 24 de diciembre de 2005 y la misma comisión determine indagar los periodos anteriores

Asimismo, propuso que se investigue si los operadores de llamadas internacionales están debidamente autorizados, si pagan las tarifas e impuestos y se identifique a las personas que entregaron la base del registro nacional de las personas a la empresa PRONTO.

 
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