En
una rueda de prensa, el asesor presidencial Enrique Flores Lanza
dijo que el presidente, Manuel Zelaya, decidió mantener la
decisión por considerar que es una medida positiva para la
economía del país.
El anunció cerró cualquier posibilidad de que el Gobierno
anulara la determinación, tal como lo exigen diversos sectores,
entre ellos el de los maestros, quienes advirtieron que es una medida
que pone en peligro la seguridad de miles de niños que deberán
salir de sus casas a oscuras para asistir a las aulas de clase.
Lanza dijo que son tres las razones por las cuales el Gobierno ha
tomado esta decisión: produce un ahorro significativo en
el gasto, mejora los índices de seguridad de la población
y es un acuerdo necesario para homologar los horarios en la región
centroamericana”.
Según dijo que en 2006, la aplicación de la medida
por cuatro meses le reportó al Estado un ahorro superior
a los 230 millones de lempiras y disminuyó significativamente
los asaltos personales, el robo de celulares y en general crímenes
y delitos relacionados con la seguridad de las personas.
También anunció que su Gobierno “va a regular
de una manera permanente, técnica y uniforme esta materia”.
A quienes han expresado que no acatarán el cambio de hora,
Lanza les dijo que “un cambio de horario es de obligatorio
cumplimiento para todos y cada uno de los ciudadanos y empresas
que van a operar o tienen actividades en el país, de tal
manera que al ser una ley y al haber una hora oficial tiene que
ser acatado por todos los ciudadanos”.
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