El
magistrado acudía a Karachi a un acto de apoyo organizado
por el Tribunal Supremo de la provincia sudoriental de Sindh,
pero no llegó a salir del aeropuerto y, horas después,
optó por regresar a Islamabad y dar por cancelado el mitin.
La
ruta al aeropuerto se convirtió en escenario de una batalla
campal entre miembros del Muttahida Quami Movement (MQM), partido
gobernante en Sindh y que apoya a Musharraf, y seguidores del
juez que acudían a recibirlo.
Según
una fuente policial, 28 personas resultaron muertas y un centenar
heridas en la ola de violencia desatada en las calles de Karachi,
la peor de la historia de la capital comercial de Pakistán.
Estas
víctimas se suman a los tres partidarios del juez muertos
entre ayer y hoy por disparos de desconocidos desde una motocicleta.
El
responsable de Interior de Sindh, Waseem Akhtar, culpó
de lo ocurrido a los partidarios del juez, que desde su suspensión
el pasado 9 de marzo bajo la acusación de "abuso de
autoridad" ha ido aglutinando a su alrededor a abogados y
fuerzas opositoras como el PPP de la ex primera ministra Benazir
Bhutto.
Para
la oposición, no obstante, no cabe duda de que el MQM ha
intentado ser "más papista que el Papa" y demostrar
su lealtad a Musharraf dejando a sus partidarios armados actuar
mientras las fuerzas de seguridad observaban sin intervenir.
Objetivo
de los ataques de hoy fue también la sede del canal "Aaj"
(Hoy), uno de los más populares de Pakistán, que
retransmitió en directo cómo sus redactores se ocultaban
bajo las mesas mientras la instalación era tiroteada.
El
director local de la cadena, Talat Hussain, denunció que,
tras más de una hora de tiroteo, hombres armados entraron
en la redacción para exigir el cese de la cobertura, pero
que las fuerzas del orden no acudieron en auxilio de los 500 trabajadores
de "Aaj".
El
juez, entretanto, pasó horas en la terminal del aeropuerto
resistiéndose primero a ser trasladado por la Policía
-una oferta que sus abogados calificaron de intento de secuestro-
y después a la orden de expulsión de la ciudad que
recibió de las autoridades el grupo de 25 abogados que
lo acompañaba.
Junto
a la delegación encabezada por el magistrado, el resto
de pasajeros que hoy debía llegar o salir de Karachi quedaron
retenidos a causa de la violencia, que cortó la vía
de comunicación con el aeropuerto.
Por
la tarde, Musharraf se reunió de emergencia con el primer
ministro, Shaukat Aziz, y otros altos cargos para evaluar lo ocurrido
y decidió enviar fuerzas paramilitares -los conocidos como
"rangers"- para restablecer el orden en la ciudad, según
los medios nacionales.
El
juez, por su parte, optó por regresar a Islamabad tras
dar por cancelado el mitin ante el Supremo de Sindh, donde se
había levantado un escenario en las escalinatas y colocado
sillas para 10.000 personas.
La
tensión entre el jefe del brazo judicial y el régimen
de Musharraf ha alcanzado su punto máximo hoy, una jornada
en que estaban convocadas dos manifestaciones de signo contrario
en Karachi y otra más, de apoyo al presidente, en Islamabad.
En
la capital, Musharraf compareció por la noche ante decenas
de miles de seguidores movilizados desde distintos puntos de la
provincia del Punjab por la gobernante Liga Musulmana de Pakistán,
ante los que se declaró en control de la situación,
para calificar de "incidental" la violencia desatada
en Karachi.
Banderas
y gigantescos carteles pintados con los rostros de Musharraf,
del "padre de la patria" paquistaní, Mohammed
Alí Jinnah, y de otros dirigentes nacionales adornaban
desde ayer las proximidades del Parlamento, escenario del gran
mitin, para el cual las autoridades han relajado las restricciones
en vigor y montado un fuerte dispositivo de seguridad.
En
la inauguración horas antes de una nueva planta eléctrica,
en momentos en que Pakistán sufre una crisis energética,
Musharraf descartó la imposición del estado de excepción
en el país a causa de la tensión con el poder judicial,
informó la agencia estatal APP.
Según
el presidente, "no hay necesidad alguna" de adoptar
una "medida tan drástica", si bien pidió
que cesen las manifestaciones callejeras y la "politización"
del caso de Chaudhry, cuya suspensión defendió como
una decisión "en interés del Estado".
EFE
