Lo anterior quedó evidenciado en un informe presentado
recientemente en Ginebra por el grupo de trabajo de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) que se dedica a esta temática
y que recientemente hicieron visitas a varios países del
continente para investigar esa situación irregular.
De acuerdo a este grupo, algunos países de Latinoamerica
como Perú ya adoptó medidas legales para evitar
que sus nacionales no sean utilizados para prestar servicios de
seguridad en zonas de conflicto armado, pero Honduras no "está
haciendo nada" al respecto.
La importancia de los mercenarios contratados por empresas privadas
para prestar servicio en zonas en guerra como Irak o Afganistán
ha llamado la atención de Naciones Unidas: algunas fuentes
norteamericanas, como Danna Harman, del Christian Science Monitor,
consideran que esos "mercenarios privados" suponen en
estos momentos la segunda fuerza en la coalición "aliada",
sólo por detrás de las propias tropas norteamericanas.
El comité, que preside el español Gómez del
Prado, denuncia que les fichan como guardias, pero les dan material
bélico y les convierten en combatientes.
Una parte de ellos procede directamente de América Latina,
y constituyen un caso muy diferente del de los inmigrantes que
ya se encuentran en Estados Unidos y que se alistan en el ejército
para obtener posteriormente la nacionalidad.
Ellos no cuentan como mercenarios, sino como soldados regulares,
sometidos a la misma legislación que los soldados norteamericanos.
Lo que preocupa a Naciones Unidas no es este tipo de reclutamiento,
sino las diferentes fórmulas que han creado las empresas
privadas de seguridad para formar auténticas fuerzas de
choque mercenarias, no sometidas a ninguna ley en particular,
algo que en teoría está prohibido por la legislación
internacional (Convención contra la Utilización
de Mercenarios, 1989).
En el año 2005, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos,
un think tank destinado a promover los derechos humanos, la democracia
y la justicia en aquel continente, calculó que había
mil latinoamericanos trabajando para empresas de seguridad norteamericanas
implantadas en Irak.
El fenómeno puede estar creciendo en países como
Perú, Honduras, Colombia, Chile y Ecuador. De hecho, un
grupo de trabajo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, encargado específicamente del uso
de mercenarios, visitó el año pasado Perú,
Ecuador y Honduras para estudiar la situación y aconsejar
sistemas que ayuden a atajar esa contratación encubierta
e ilegal de soldados.
El informe del comité (presidido por un español,
José Luis Gómez del Prado) fue hecho público
recientemente en Ginebra, y no puede ser más desalentador.
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En su presentación del informe, Gómez del
Prado fue tajante: "Las nuevas modalidades apuntan
a una industria emergente y muy floreciente de empresas
militares y de seguridad privada que responde a una lógica
comercial en busca del mayor beneficio. |
Con la privatización de la guerra, los "contratistas
privados o independientes" se habrían convertido en
el primer producto de exportación de algunos países
industrializados a zonas de conflicto armado".
Simples guardias
Gómez del Prado explica que esas empresas están
reclutando y entrenando en países en desarrollo, con un
alto índice de desempleo, mano de obra barata para llevarla
a prestar servicio en zonas de conflicto armado, donde de simples
guardias se convierten en combatientes a los que se les entrega
material bélico".
El grupo de trabajo de Naciones Unidas llama la atención
sobre cómo los empleados de estas empresas militares y
de seguridad privada "gozan de una inmunidad que puede transformarse
fácilmente en impunidad, lo que podría implicar
que algunos Estados estarían contratando a esas empresas
para evitar una responsabilidad jurídica directa".
A raíz de los informes de Naciones Unidas, la Comisión
de Defensa del Congreso peruano ha elaborado un proyecto de ley
para prohibir la contratación de sus nacionales para "prestar
servicios de seguridad en zonas de conflicto armado".
En Honduras, por el contrario, no se está haciendo nada.
De hecho, existen informes según los cuales una empresa
norteamericana de seguridad entrenó a hondureños
y chilenos destinados a misiones en Irak en una base que ya usó
Washington en los años ochenta para entrenar a miembros
de la famosa y cruel contra hondureña y nicaragüense.
En Colombia, la situación parece haber mejorado tras las
denuncias formuladas hace meses por la revista Semana, según
la cual una empresa asociada con la norteamericana Blackwater,
muy conocida por sus servicios de seguridad en Irak, contrató
a dos grupos de 35 y 34 ex oficiales y suboficiales del ejército
colombiano, les dio dos semanas de entrenamiento a cargo de dos
ex militares norteamericanos y los envió a Bagdad.
Por el camino, y en sucesivos momentos, se fueron enterando de
que su sueldo no sería de 4.000 dólares mensuales,
como se les había dado a entender, sino de 34 dólares
al día, es decir, unos 1.000 al mes.
