Por
esta razón, las embajadas de Venezuela en Costa Rica, Argentina,
Brasil, España, Colombia, EE.UU., Bolivia, Ecuador y otros
países, organizan encuentros con la prensa donde abordan
el caso de RCTV, que dejará de transmitir en televisión
abierta el próximo 27 de mayo.
El
periodista venezolano Roberto Malaver, defendió hoy en
la misma conferencia en la sede diplomática la decisión
del presidente Hugo Chávez, de no renovar la licencia a
la televisora, una de las más tradicionales del país
suramericano.
Según
Malaver, en Venezuela hay una completa libertad de expresión,
y prueba de ello es que el 78 por ciento de las televisoras son
privadas, y en la mayoría se ataca continuamente al presidente.
"En
Venezuela no han habido cierre de medios ni persecución
contra ningún periodista, lo que hay ahora es más
democracia pues más gente quiere y puede participar en
los medios", señaló.
Para
Arley Larrota, productor venezolano independiente, "lo que
está sucediendo en Venezuela es sólo la aplicación
de las leyes" que buscan "democratizar el espectro radioeléctrico",
por lo que negó categóricamente que el caso de RCTV
sea un "cierre" de un medio de comunicación.
Larrota
aseguró que el nuevo canal público que ocupará
el puesto de RCTV "no tendrá una línea editorial
definida, sino que la línea será la de cada productor
que tenga a su cargo cada espacio".
Ambos
comunicadores fueron muy críticos con los medios de su
país, a los cuales calificaron como "irresponsables"
y empresas que "dejan mucho que desear".
Chávez
anunció en diciembre que no renovará "por golpista"
la licencia de transmisión de RCTV, a la que acusa de haber
participado en el golpe de Estado que lo derrocó brevemente
en abril de 2002 y en otros planes desestabilizadores en contra
de su administración.
La
directiva de RCTV califica la decisión de no renovar la
concesión del canal como "ilegal e inconstitucional",
y asegura que con ella el gobierno busca "silenciar"
a la disidencia.
También
afirma que la licencia de transmisión, de 20 años,
no vence el 27 de mayo, como dice el gobierno, ya que la misma
se "auto-renovó" en julio de 2002 a través
de un procedimiento ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel), lo que ese organismo niega. EFE
