Londres - La violencia contra las mujeres y los niños, y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos registraron un fuerte aumento en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, según el último informe de Amnistía Internacional, que destaca la falta de avances en la lucha contra la impunidad.

El informe, hecho público hoy en Londres, sobre "El estado de los derechos humanos en el mundo" el año pasado, no incluye a Costa Rica y Panamá porque, según la organización, no había datos suficientes y significativos.

En El Salvador, las denuncias de violencia contra las mujeres (286 fueron asesinadas entre enero y agosto) continuaron, hubo amenazas contra los defensores de los derechos humanos y activistas políticos, y creció la preocupación entre la población y organizaciones civiles por la posible reaparición de escuadrones de la muerte.

AI denuncia que la intranquilidad por la situación de la seguridad se mantuvo en este país, donde las desapariciones forzadas y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado siguieron impunes y las investigaciones fueron inadecuadas.

Cita la desaparición forzada de Ernestina y Erlinda Serrano Cruz, de 3 y 7 años, durante una operación militar en Chalatenango, en 1982, cuya investigación fue recomendada al Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se ha incumplido total o parcialmente.

También recuerda otros casos de menores desaparecidos durante el conflicto armado y añade que está pendiente una decisión sobre la responsabilidad del Estado.

El documento destaca las protestas de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil por la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada por el Gobierno salvadoreño el pasado septiembre, y que, en su opinión, pone en peligro los derechos humanos, incluida la libertad de reunión y expresión.

En Honduras, la organización defensora de los derechos humanos destaca los altos índices de violencia contra los niños y jóvenes, 400 de los cuales murieron de forma violenta el año pasado, y en la mayoría de los casos sin que haya actuado la justicia.

El mismo destino siguieron las mujeres, ya que unas 150 perdieron la vida violentamente, muchas de ellas en el ámbito familiar, pero las autoridades no ofrecieron, en general, una respuesta eficaz contra la violencia de género.

Según AI, continuaron los ataques, amenazas y actos de intimidación contra personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos de las comunidades indígenas y rurales.

Jessica García, dirigente de la comunidad garífuna en San Juan Tela, en el norteño departamento de Atlántida, fue presuntamente amenazada y obligada a punta de pistola a firmar una cesión de tierras a una compañía que, según informes, planeaba construir un complejo turístico.

En este caso, al igual que en la mayoría, las autoridades no pusieron a los responsables a disposición de la justicia.

En Guatemala, se mantuvieron los altos niveles de criminalidad, que afectaron a todos los sectores de la sociedad.

Al menos 580 mujeres fueron asesinadas y tan sólo seis personas fueron condenadas por estos asesinatos, que en muchos casos implicaron violencia sexual.

El informe señala que un número muy elevado de personas con bajos ingresos y acceso limitado a los servicios sanitarios y a la educación eran mujeres, indígenas y habitantes de zonas rurales, donde, además, continuaron los desalojos forzosos.

Unas 400 personas de la finca San José La Mocá, departamento de Alta Verapaz, fueron desalojados por la fuerza. La comunidad mantenía una disputa con el propietario de la finca en relación con salarios presuntamente no abonados.

AI denuncia que aumentaron las amenazas y la intimidación contra defensores de los derechos humanos, y que no se registraron avances significativos en la lucha contra la impunidad ni en la eliminación de grupos clandestinos.

También en Nicaragua se incrementaron los índices de violencia contra las mujeres y las protestas de ex trabajadores agrícolas con problemas de salud por la exposición a un pesticida, debido a presuntas irregularidades y corrupción en el pago de indemnizaciones.

Según ONG locales, más de 1.380 personas murieron entre 2003 y 2006 debido a enfermedades relacionadas con un pesticida.

Asimismo, varias comunidades indígenas denunciaron públicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno seguía vulnerando sus derechos, con la demarcación de tierras comunales de forma inadecuada y la promoción de actividades madereras no reguladas. EFE