Portavoces
de la Sala dijeron a la prensa local que el alto tribunal decidió
acoger el recurso de inconstitucionalidad entregado el pasado
24 de mayo por los legisladores, y acumularlo a otra acción
similar presentada por la Defensoría de los Habitantes
el 27 de abril anterior.
Los
magistrados tendrán 30 días para resolver si el
TLC tiene roces con la Constitución Política del
país, como lo aseguran los 17 diputados del Partido Acción
Ciudadana (PAC), uno del Frente Amplio y uno del Partido Accesibilidad
sin Exclusión, todos de oposición.
Por
su parte, la Presidencia costarricense dijo en un comunicado que
'respeta' la decisión del tribunal y manifestó su
confianza en que no se encontrarán roces con la Carta Magna.
En
el recurso, que consta de 130 páginas, los diputados alegan
que el TLC (CAFTA-DR por sus siglas en inglés) contiene
quince roces con la Constitución Política del país
centroamericano.
Los
supuestos puntos inconstitucionales dentro del Tratado están
relacionados con propiedad intelectual, solución de controversias
entre inversionistas y el Estado, servicios de telecomunicaciones,
definición del territorio y violación al derecho
de salud, entre otros.
De
esta forma, la Sala emitirá un criterio antes de que el
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) realice el próximo
23 de septiembre, como fecha tentativa, un referéndum sobre
el acuerdo comercial, el primero que se llevará a cabo
en Costa Rica.
Costa
Rica es el único país signatario que no ha ratificado
el tratado, que goza del apoyo del gobierno y del sector empresarial,
pero enfrenta la oposición de la mayoría de sindicatos
y otros sectores sociales.