Tegucigalpa
- El ex ministro de la Presidencia y actual consultor del Banco
Mundial, Luis Cosenza Jiménez, considera que la nueva
ley de incentivos para generar energía con recursos renovables,
aprobada recientemente por el Congreso Nacional, es prácticamente
una “privatización de los recursos naturales del
país”.
En un análisis, elaborado a propósito de la aprobación
de la citada legislación, Cosenza advierte de los riegos
que en materia energética enfrenta el país y particularmente
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
porque la ley obliga a esta entidad a comprar la energía
producida y poner su infraestructura a disposición de
los generadores privados.
Por su importancia y la coyuntura de este momento en relación
a las medidas que el gobierno ha adoptado en la ENEE y sus erráticas
decisiones en materia energética, publicamos una serie
de artículos sobre este tema con el ex funcionario y
experto en asuntos de energía.
A
continuación el artículo:
Recientemente el Congreso Nacional aprobó una Ley
para otorgar incentivos a quienes produzcan energía eléctrica
utilizando recursos naturales renovables. Todos estamos interesados
en el uso de dichos recursos para producir energía eléctrica.
Sin embargo, nuestros recursos deben ser vistos como un bien
público, es decir, para beneficio de todos, y no como
un bien privado que solo beneficia a un pequeño grupo.
A mi juicio, ese era el principal, pero no el único,
defecto del proyecto de Ley. Permítanme explicar.
El
proyecto de Ley buscaba otorgar incentivos al desarrollo de
proyectos que utilizan nuestros recursos renovables, sin importar
su tamaño. Es decir, se pretendía beneficiar a
pequeños y grandes inversionistas, nacionales o extranjeros.
Es más, se establecía que la SERNA debía
otorgar permisos, exclusivos, para estudios de proyectos
por dos años, con una ampliación de otros
dos años. Al no establecer límite alguno,
se buscaba poner en manos privadas todos los sitios
atractivos conocidos, y por identificar.
Es
de suponer que los sitios que permiten desarrollar proyectos
grandes serían de inmediato solicitados por los
grandes inversionistas, y la SERNA no tendría
más recurso que conceder un permiso, exclusivo,
al primer interesado que lo solicitara.
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Luis
Cosenza |
Esto significa que el país perdería, de inmediato,
el control de sus recursos naturales renovables por un período
de cuatro años. En efecto, lo que debería beneficiar
a todo el pueblo hondureño pasaría a control privado;
en pocas palabras, habríamos privatizado nuestros recursos
renovables.
La entrega de recursos naturales renovables ya se ha hecho antes.
En la Administración Reina se entregó Patuca II
a un grupo privado. En otra Administración se entregó
también el sitio para el desarrollo de un proyecto eólico.
En ambos casos se incurrió en un abuso de autoridad puesto
que no había legislación vigente que permitiera
eso. En ambos casos, la entrega de los sitios, con exclusividad
y sin concurso, ni licitación, fue un fracaso.
Ninguno de esos proyectos fue desarrollado y lo único
que se logró fue que el país perdiera el control
de sus recursos en tanto duró la licencia exclusiva.
Lo que ahora se proponía es peor, ya que se autoriza
a la SERNA a entregar todos los sitios atractivos para proyectos,
grandes o pequeños, que utilizan nuestros recursos naturales
renovables.
Pero los problemas no terminan allí. El proyecto contemplaba
que el punto de entrega sería la subestación más
cercana de la ENEE , lo cual es razonable, excepto que cualquier
mejora en dicha subestación, o en el resto del sistema
de la ENEE , para poder aceptar la potencia que le entregará
el privado, debe hacerse por cuenta de la ENEE.
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Previendo
que la ENEE no tendría los recursos, el proyecto
establece que el privado deberá financiarla y que
esta le deberá pagar en un plazo máximo
de siete años. No conozco otro negocio en el cual
quien insiste en vender exige que el comprador haga las
inversiones para poder llevar a cabo la venta.
Por otro lado, los privados se reservan el derecho de
venderle a otro privado, y para eso el proyecto de Ley
obliga a la ENEE a poner sus instalaciones al servicio
del privado. |
El proyecto preveía que se pagaría a la ENEE
, por el uso de sus instalaciones, un centavo de dólar
por kWh vendido al otro privado, pero la Comisión de
Dictamen del Congreso, curiosamente la Comisión de Agricultura
y Ganadería, lo redujo a medio centavo de dólar.
El peaje, como se le llama al pago por el uso de las instalaciones
de otra empresa eléctrica, es función del volumen
de ventas y de la distancia a la que se envía dicho volumen
y hay procedimientos aceptados en el mundo para su cálculo.
Es absurdo fijar el monto por Ley, salvo que se desee establecer
una cifra excepcionalmente baja. Si lo que se desea es reducir
el margen de discrecionalidad de la ENEE , lo razonable habría
sido establecer que se usará una metodología empleada
internacionalmente, en lugar de fijar una cifra que no compensa
a la ENEE por el uso de sus instalaciones.
El uso de esas instalaciones implica su eventual sobrecarga,
lo que requerirá que la ENEE invierta para que dos privados
puedan hacer sus negocios.
El
proyecto de Ley además obliga a la ENEE a comprar todo
lo que produzcan los privados, ya sea que lo necesite o no,
y además establece el despacho de las centrales.
En todo el mundo las centrales se despachan partiendo de su
costo, es decir, primero se pone a operar la central de más
bajo costo, luego la que tiene el segundo costo más bajo,
y así sucesivamente hasta satisfacer la demanda de la
manera más económica.
Al establecer por Ley como debe hacerse, sin importar si eso
resulta en más costos para la ENEE , se contradicen todas
las normas modernas para la operación de un sistema eléctrico
y se agravará la situación financiera de la ENEE.

El proyecto también obliga a la ENEE a “mantener
el equilibrio financiero del Contrato” con el privado,
frente a cualquier cambio legal o reglamentario que pueda darse
en el futuro. No conozco de ningún otro negocio en el
cual el Estado esté obligado a asegurar las utilidades
de un privado frente a las eventualidades del futuro.
Recuérdese que además el proyecto de Ley también
otorga exoneración total del impuesto de ventas, de la
renta, aportación solidaria, impuesto de volumen de ventas,
y aranceles. Además busca exonerar del pago del impuesto
sobre la renta a los consultores que puedan ser contratados
por los desarrolladores.
Finalmente, el proyecto establece como tarifa el costo marginal
de corto plazo más un diez por ciento, y un ajuste al
costo de la energía de un uno y medio por ciento anualmente.
Recientemente escuché a un funcionario del gobierno defender
el proyecto de Ley y explicar que los costos de la energía
renovable son altos inicialmente, pero que luego con el tiempo
se reducen notablemente.
Es evidente que esa persona no ha leído es proyecto de
Ley, ya que para propósitos de la ENEE , y de sus consumidores,
el costo de la energía renovable que contrate solamente
podrá aumentar al paso del tiempo.
Los beneficios que produzca la reducción del costo con
el tiempo quedarán exclusivamente en manos del desarrollador.
Uno
puede entender que se exonere el pago de algunos impuestos,
pero no así del impuesto sobre la renta, el cual
se paga solamente si el negocio produce utilidades. Si
estos negocios producen utilidades, ¿por qué
no compartirlas con el Estado para que pueda atender,
entre otras cosas, la infraestructura del país
que también le sirve a ellos? |
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Finalmente, el proyecto de Ley establece que los contratos firmados
con la ENEE , que son de larga duración, serán
renovados (sin renegociación), a solicitud del desarrollador.
Según se dice, el proyecto de Ley fue modificado y ahora
solo es aplicable a un máximo de 50 MW.
Esto claramente reduciría el impacto negativo del proyecto
original. Sin embargo, si lo que se desea es apoyar a los pequeños
desarrolladores, lo cual me parece muy razonable, el tamaño
máximo de los proyectos elegibles debió ser reducido,
en lugar de ampliado.
A mi entender, 15 MW es un límite razonable. Esperemos
que todavía haya tiempo para que las autoridades puedan
defender los intereses nacionales.