Tegucigalpa
- El cuarto implicado en el asesinato de los niños Jenny
Lizeth y Carlin Adalid López fue ajusticiado esta madrugada
en el centro penal de Juticalpa, Olancho, a casi 24 horas de que
sus tres supuestos complices fueran ejecutados,
mutilados y quemados en la Penitenciaría Nacional de
Tegucigalpa.
Melvin Adalid Jiménez, alias "El Cusuco", asesino
confeso de los infantes, fue ultimado a puñaladas y punzonazos
esta madrugada por sus propios compañeros de celda en el
citado reclusorio de esa región del país.
Con el asesinato de Jiménez asciende a cinco el número
de reclusos asesinados en las últimas 24 horas en los centros
penitenciarios de esta nación centroamericano y más
de 22 en lo que va del presente año.
La policía confirmó que Jiménez es el cuarto
individuo que fue apresado por el brutal asesinato de los hermanitos
Jenny Lizeth y Carlin Adalid López en la comunidad de La
Nava, jurisdicción de Guaymaca, Francisco Morazán.
Ayer
tres de los detenidos fueron ultimados y quemados en la Penitenciaría,
y hoy se ajustició al cuarto. Es la ley del Talión
en los tribunales, ojo por ojo, diente por diente.
Responsabilizan al Estado
Sobre la crisis que experimenta el sistema penitenciario, un organismo
humanitario y un diputado hondureño responsabilizaron al
Estado por la ola de asesinatos en la Penitenciaría Nacional
.
La
coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos
en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, dijo a Acan-Efe que "el
Estado es el responsable de todos los muertos en las cárceles
del país en los últimos años, porque no le
garantiza la vida a ningún reo".
Agregó
que "la cultura de muerte en las cárceles es un hecho
oficial" y reiteró que "la vida de los presos
en las cárceles es responsabilidad del Gobierno".
"Parece
que estamos ante una política de hacer todo una cultura
contra la vida", acotó Oliva.
Otro
reo fue asesinado la semana pasada en la cárcel de la ciudad
de Comayagua, unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
La
dirigente del COFADEH indicó que no hace falta referirse
qué tipo de reos fueron los asesinados ayer, "el hecho
es que no es matando a criminales o no criminales presos que se
hace justicia".
Tres
de los reos asesinados ayer a cuchilladas y luego quemados, eran
los presuntos responsables de la muerte violenta de dos niños
hermanos en una aldea del municipio de Guaimaca, región
central de Honduras, el pasado 3 de junio.
Los
tres presuntos asesinos fueron ajusticiados en tres sitios diferentes
de la Penitenciaría Nacional , cercana a Tegucigalpa, y
tras estar tirados en el piso durante varias horas, sus cuerpos
fueron descuartizados y quemados.
A
uno de ellos, que había confesado que le cortó una
mano a la niña asesinada, también le mutilaron la
suya.
Pareciera
que los mismos reos cumplieron lo que pedían los pobladores
de Guaimaca contra los asesinos de los dos niños, que se
les diera muerte y luego se les quemara.
El
ex fiscal hondureño y diputado ante el Parlamento hondureño
por el Partido Liberal, Edmundo Orellana, dijo a "Radio Cadena
Voces" en Tegucigalpa, que el Estado es el responsable de
todo lo que ocurre en el deficiente sistema penitenciario del
país.
Orellana
indicó que no es posible que un Estado no pueda garantizarle
la vida a los reos en las cárceles y abogó porque
el Gobierno que preside Manuel Zelaya tome acciones inmediatas
para poner fin a tanta barbarie.
La
coordinadora del COFADEH indicó que la comunidad
internacional debería de exigirle más responsabilidad
al Gobierno de Honduras, porque aunque en el país
no existe la pena de muerte, "de hecho está
legalizada en las cárceles".
Oliva
considera que Honduras está viviendo una situación
de "demasiada intolerancia y la pérdida del
estado de derecho por regiones".
|
Bertha Oliva |
"Por
eso es importante que hagamos causa común todos los sectores
que queremos el fortalecimiento de un Estado de derecho y defendemos
la vida", acotó Oliva, quien además le pidió
al presidente Zelaya que "ponga un alto a tanta matanza en
las cárceles".
Con
los cuatro reos de ayer, suman 22 los asesinados en lo que va
de 2007 en la Penitenciaría Nacional ,, mientras que en
2006 la cifra ascendió a 32.
"El
presidente debe ordenar que cese esa política contra la
vida y pedirle al ministro de Seguridad (Álvaro Romero)
que actúe", apostilló Oliva
