En
cada ciudad y pueblo hubo manifestaciones de repudio contra las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en una jornada
en la que sumaron las convocatorias de los más variados
sectores de la actividad nacional.
Sindicatos, empresarios, partidos de todas las tendencias, entes
estatales, el Gobierno y las autoridades regionales y municipales,
convocaron a la población a protestar y exigir a ese grupo
rebelde la libertad de los secuestrados y el respeto por la vida.
La iniciativa, promovida inicialmente la semana pasada por el
Gobernador del Valle del Cauca, Angelino Garzón, se planteó
como una protesta por la muerte el pasado 18 de junio de once
colombianos cautivos de las FARC, a los que el grupo rebelde había
secuestrado hace cinco años, cuando eran diputados de ese
departamento.
La movilización, que en las grandes urbes como Bogotá,
Medellín y Cali, colapsó el tráfico automotor,
exigió además que las FARC entreguen los cadáveres
de los diputados a sus familiares, así como los de otros
secuestrados que se sabe murieron en cautiverio y de cuyos restos
mortales se desconoce el paradero.
El presidente del país, Álvaro Uribe, insistió
por enésima vez en que no habrá "desmilitarización"
de dos municipios, como exigen las FARC para negociar un acuerdo
humanitario que permita liberar a secuestrados, y dijo hoy que,
en vez de despejar territorios, es preciso despejar de terroristas
el país.
Tras más de cuatro décadas de conflicto armado,
con millones de desplazado internos y emigrados, millares de muertos
y secuestrados, muchos en zonas rurales, el principal escenario
de la violencia, Colombia no ha encontrado aún la solución
a esa encrucijada alimentada por el narcotráfico, otro
flagelo de vieja data que ha financiado la violencia y permeado
la sociedad.
La jornada de hoy estuvo enmarcada por una multitudinaria participación
-"ríos humanos" como describían la radio
y la televisión-, que se concentró al mediodía,
cuando por unos pocos minutos, se pararon todas las actividades
cotidianas.
El cardenal primado de Colombia, Pedro Rubiano Sáenz, invitó
a sus compatriotas a mantener la "multitudinaria" movilización
de solidaridad y pidió explorar nuevos caminos y salidas
para buscar la concordia.
"Esta manifestación (...) tiene que perdurar hasta
que tengamos una Colombia en paz, libre de secuestro y de odio",
dijo Rubiano en la homilía de un oficio religioso con el
que Bogotá cerró la jornada de protesta nacional.
Las FARC es una organización que está calificada
como grupo terrorista desde hace varios años por Estados
Unidos y por la Unión Europea.
De los varios centenares de secuestrados que retienen, las FARC
consideran a 45 de ellos "canjeables" por miembros de
su organización presos en cárceles colombianas y
de Estados Unidos.
De dicho grupo formaban parte los diputados, que, según
las FARC perecieron en "un fuego cruzado" en la selva
con un grupo armado sin identificar, y que, según el Gobierno,
fueron asesinados por los rebeldes.
Entre los "canjeables" figuran la política colombo
francesa Ingrid Betacour y su asesora Clara Rojas, los contratistas
estadounidenses Thomas Howe, Marc Gonsalves y Keith Stannsen así
como políticos colombianos, soldados y policías,
algunos secuestrados hace cerca de 10 años.
Las FARC han exigido para negociar el acuerdo humanitario o de
canje la "desmilitarización" de Florida y Pradera,
dos municipios del Valle del Cauca, lo que el Gobierno rechaza
en una posición criticada por sectores sociales y políticos
que favorecen el pacto con el objetivo de liberar a los rehenes.
