Defensores de DDHH

Piden a Gobiernos centroamericanos parar deportaciones

 

06 de julio de 2007

Tegucigalpa - El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH), exhortó a los gobernantes de la región a intensificar sus contactos con el Gobierno de Estados Unidos para detener las deportaciones masivas, suspender las redadas y la serie de medidas anti inmigrantes que se cometen en ese país.

El organismo humanitario también urgió a los gobiernos centroamericanos a implementar programas efectivos de recepción y de inserción laboral y social para las personas deportadas.


Así mismo, recomendó a las instituciones responsables de la recepción de inmigrantes deportados, que permitan a las procuradurías de los Derechos Humanos del área y a las organizaciones de la sociedad civil, la sistematización, documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el momento de la intercepción, detención, hasta la deportación ya sea por vía aérea o terrestre.

Al interior del CCPDH existe preocupación por el aumento de las deportaciones desde Estados Unidos y México, por cuanto las mismas implican un ingrediente adicional de victimización contra los inmigrantes, dijo en un comunicado el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.

La fuente indicó que el CCPDH considera que “las deportaciones ponen al desnudo las incongruencias de una sociedad presuntamente desarrollada, que necesita de los inmigrantes pero, al mismo tiempo, los persigue y criminaliza”

Además, cuestiona las falencias existentes en países como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que se muestran incapaces de defender a sus connacionales y de prestarles asistencia básica cuando son repatriados.

En el primer semestre del 2007, más de 15.000 hondureños han sido deportados de los Estados Unidos

Tanto las procuradurías de Derechos Humanos de Centro América como las organizaciones de la sociedad civil deben estar vigilantes para verificar el cumplimiento de los convenios para la repatriación digna, segura y ordenada de los inmigrantes centroamericanos.

Según el organismo regional los abusos que se cometen contra los inmigrantes en los Estados Unidos se han agravado porque en lugar de ver el problema como un fenómeno político social el mismo se ve como un asunto de seguridad nacional.

Diversos sectores en el istmo, coinciden en señalar que las corrientes migratorias en y desde Centroamérica son provocadas por la incapacidad estructural de las economías para ofrecerle a los jóvenes, condiciones de vida y trabajo que les permita optar por permanecer en sus naciones de origen.

El organismo humanitario considera que los emigrantes centroamericanos, al igual que de otros países del continente, son doble o triplemente víctimas de las violaciones a sus derechos humanos.

Estas violaciones comienzan en sus países de origen donde se les violentan sus derechos económicos, sociales y culturales; luego en los países de tránsito donde son objeto de innumerables vejaciones y abusos y finamente en los países de destino, donde se criminaliza la condición de indocumentados y se les discrimina laboral y salarialmente, así como se les restringe el acceso a servicios básicos de salud, educación y asistencia social.

Urge diseñar políticas migratorias

Según el CCPDH urge diseñar políticas migratorias de Estado, que pongan en su centro el respeto a los derechos humanos.

“Esto incluye realizar estudios multidisciplinarios sobre las causas y las consecuencias de los procesos migratorios en cada uno de los países de la región” indicó.

El CCPDH apunta a incidir en que los Estados del área diseñen políticas económicas, monetarias, cambiarias, crediticias y sociales orientadas a beneficiar a las familias y comunidades de origen, habida cuenta del aporte estratégico de las remesas familiares a la economía nacional.

El CCPDH lo integran la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Defensoría del Pueblo de Panamá y el Ombudsman de Belice.

 
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