Así mismo, recomendó a las instituciones responsables
de la recepción de inmigrantes deportados, que permitan
a las procuradurías de los Derechos Humanos del área
y a las organizaciones de la sociedad civil, la sistematización,
documentación y denuncia de las violaciones a los derechos
humanos cometidas desde el momento de la intercepción,
detención, hasta la deportación ya sea por vía
aérea o terrestre.
Al interior del CCPDH existe preocupación por el aumento
de las deportaciones desde Estados Unidos y México, por
cuanto las mismas implican un ingrediente adicional de victimización
contra los inmigrantes, dijo en un comunicado el Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos de Honduras.
La fuente indicó que el CCPDH considera que “las
deportaciones ponen al desnudo las incongruencias de una sociedad
presuntamente desarrollada, que necesita de los inmigrantes pero,
al mismo tiempo, los persigue y criminaliza”
Además, cuestiona las falencias existentes en países
como Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua que se muestran
incapaces de defender a sus connacionales y de prestarles asistencia
básica cuando son repatriados.
En el primer semestre del 2007, más de 15.000 hondureños
han sido deportados de los Estados Unidos
Tanto las procuradurías de Derechos Humanos de Centro América
como las organizaciones de la sociedad civil deben estar vigilantes
para verificar el cumplimiento de los convenios para la repatriación
digna, segura y ordenada de los inmigrantes centroamericanos.
Según el organismo regional los abusos que se cometen contra
los inmigrantes en los Estados Unidos se han agravado porque en
lugar de ver el problema como un fenómeno político
social el mismo se ve como un asunto de seguridad nacional.
Diversos sectores en el istmo, coinciden en señalar que
las corrientes migratorias en y desde Centroamérica son
provocadas por la incapacidad estructural de las economías
para ofrecerle a los jóvenes, condiciones de vida y trabajo
que les permita optar por permanecer en sus naciones de origen.
El organismo humanitario considera que los emigrantes centroamericanos,
al igual que de otros países del continente, son doble
o triplemente víctimas de las violaciones a sus derechos
humanos.
Estas violaciones comienzan en sus países de origen donde
se les violentan sus derechos económicos, sociales y culturales;
luego en los países de tránsito donde son objeto
de innumerables vejaciones y abusos y finamente en los países
de destino, donde se criminaliza la condición de indocumentados
y se les discrimina laboral y salarialmente, así como se
les restringe el acceso a servicios básicos de salud, educación
y asistencia social.
Urge diseñar políticas migratorias
Según el CCPDH urge diseñar políticas migratorias
de Estado, que pongan en su centro el respeto a los derechos humanos.
“Esto incluye realizar estudios multidisciplinarios sobre
las causas y las consecuencias de los procesos migratorios en
cada uno de los países de la región” indicó.
El CCPDH apunta a incidir en que los Estados del área diseñen
políticas económicas, monetarias, cambiarias, crediticias
y sociales orientadas a beneficiar a las familias y comunidades
de origen, habida cuenta del aporte estratégico de las
remesas familiares a la economía nacional.
El CCPDH lo integran la Procuraduría de los Derechos Humanos
de Guatemala, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
de Honduras, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos de Nicaragua, la Defensoría de los Habitantes de
Costa Rica, la Defensoría del Pueblo de Panamá y
el Ombudsman de Belice.