En
un comunicado, la Organización de Estados Americanos dijo
hoy que no se reúnen los requisitos necesarios para actuar
en el caso de Radio Caracas Televisión (RCTV), tal como
lo había solicitado EE.UU. en base artículos de
la Carta Democrática Interamericana relativos a la libertad
de expresión.
El
secretario general de institución multilateral, el chileno
José Miguel Insulza, explicó hoy desde Brasil que
Estados Unidos le pidió el 19 de junio pasado que viajara
a Venezuela para hacer "consultas" sobre la no renovación
de la licencia de RCTV.
Pero
el 9 de julio pasado la representación venezolana ante
la OEA le hizo llegar a Insulza la respuesta del gobierno de Caracas,
en la que se indica que es "totalmente inaceptable"
la solicitud de Washington.
En
consecuencia, el secretario indicó que ante la negativa
de Venezuela, a la que se refirió como "perfectamente
lícita", "no se cumplen los requisitos necesarios
para intervenir".
La
institución explicó en un comunicado que los asuntos
referidos a la libertad de expresión consagrada en la Carta
Democrática Interamericana pueden abordarse dentro del
sistema interamericano de dos maneras.
La
primera de ellas mediante el tratamiento "entre los gobiernos",
lo que requiere de forma "imprescindible" el "consentimiento
previo de ellos", pero en este caso Venezuela se ha negado.
La
segunda manera, que es la que ahora parece quedar abierta, se
refiere a la "presentación de las personas afectadas
ante los organismos de protección de tales derechos, en
este caso, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos
Humanos".
En
enero pasado Insulza advirtió que la salida del aire de
RCTV, luego de 53 años de labor, tendría "consecuencias
políticas", lo que le valió una áspera
polémica con el presidente venezolano, Hugo Chávez.
"Ahora
está demostrado que ha habido consecuencias", dijo
hoy el ex ministro chileno en relación a las críticas
internacionales que ha despertado el caso, no sin antes destacar
su reconocimiento al "derecho que tienen los Estados de otorgar
o retirar una concesión".
El
gobierno venezolano decidió no renovar la licencia de transmisión
en señal abierta a RCTV, a la que acusa de "golpista",
por lo que la cadena dejó de salir al aire la medianoche
del 27 de mayo en medio manifestaciones a favor y en contra de
la medida.
Tras
el anuncio de la OEA, el embajador venezolano ante ese organismo,
Jorge Valero, calificó hoy de "exabrupto" que
Washington "pretenda que el Gobierno de Venezuela acepte
gustosamente" una "intervención" en sus
asuntos internos por el caso de RCTV.
El
empresario Gustavo Cisneros, dueño de Venevisión,
también entró en la polémica en torno
al caso de RCTV, al plantear la noche del miércoles
que los canales de televisión no deben usarse como
instrumentos para alcanzar objetivos políticos.
Los
medios deben ser escaparates "imparciales y equilibrados"
de la política, dijo el magnate de las comunicaciones
y propietario de la cadena que es competencia directa de
RCTV y a la que el gobierno sí le renovó la
licencia de emisión por cinco años más. |
 |
En
ese sentido, dijo, Venevisión "ha tratado de ubicarse
en el centro democrático y sufre por ello los ataques,
las calumnias y demás balísticas del sótano
de ambos lados".
Después
del fallido golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002
y del referendo revocatorio de 2004, "me convencí
aún más que un canal de televisión no puede,
ni debe tomar la posición de ser protagonista de un conflicto
político, por mucho que favorezca o se oponga al gobierno",
manifestó.
Casi
dos meses después del cese de transmisiones en abierto,
RCTV anunció que comenzará a emitir el próximo
16 de julio a través de señal cerrada, vía
los sistemas de suscripción de cable y satélite.
Tras
el anuncio, el ministro venezolano de Telecomunicaciones, Jesse
Chacón, advirtió que la cadena privada deberá
cumplir con la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión
"porque esta le toca completica".
Entre
tanto, aún quedan pendientes de resolución una denuncia
presentada por los periodistas de RCTV ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como un
caso de la cadena ante la Corte en San José (Costa Rica).
El
caso en la Corte Interamericana no se refiere al cese de las emisiones
de la cadena privada, sino a amenazas que habrían recibido
algunos periodistas de RCTV antes de que dejara de transmitir
en señal abierta. EFE
