Dagoberto Rodríguez
Proceso Digital

Tegucigalpa - Ante el elevado número de crímenes que se reportan diariamente en el país, muchos de ellos sin resolver, el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) urgió hoy al gobierno la pronta implementación de un desarme general que permita confiscar miles de armas y otros artefactos de guerra en poder de los delincuentes.

“La propuesta del Colegio de Abogados es que se inicie un desarme a las personas que anden portando armas ilegales y sus permisos porque con esas armas es que se cometen los delitos”, dijo el presidente del CAH, Ángel Valentín Aguilar, quien lamentó los últimos asesinatos de dos profesionales del derecho.

Agregó que si el Estado y particularmente el gobierno hondureño no tiene la capacidad para hacer una simple operación de esa naturaleza, entonces no le está dando muestras al pueblo hondureño de que hay voluntad política de corregir esta situación y darle tranquilidad a la ciudadanía.

El jurista señaló que la mayoría de asesinatos u homicidios que se dan en Francisco Morazán y en el resto de departamentos del país no son por accidentes viales, sino por armas de fuego que deberían estar identificadas en el registro de armas que maneja la policía de investigación.

“Las armas de fuego tienen una ley que identifica al propietario y consecuentemente es una de la medidas para la investigación, pero esa ley resulta en la práctica un fracaso, por cuanto solo sirvió para generar recursos de carácter económico, pero ninguna muerte se ha podido esclarecer”, deploró.

Estadísticas de la Dirección de Medicina de Forense señalan que en el primer semestre de 2007, se registraron 557 homicidios en las regiones centro, sur y oriente del país, con un promedio de al menos 3 asesinatos por día. El mes de junio fue el más violento con 166 decesos.

De acuerdo al informe, las armas de fuego (pistolas de diferente calibre, ametralladoras y otros artefactos bélicos) y el cuchillo y el machete son las armas preferidas por los delincuentes para cometer sus delitos.

Eso se colige en el hecho que del total de homicidios reportados en este primer semestre, 295 fueron con pistolas, 55 por arma blanca y 16 con otros objetos romos.

Eso significa que el 90 por ciento de los homicidios fueron ejecutados con arma de fuego, el 10 por ciento por arma blanca y el restante con otros artefactos romos o corto punzantes.

Clima de inseguridad En torno al clima de inseguridad, el presidente de los abogados dijo que le preocupa la seguridad general del país porque cualquier ciudadano, independientemente de su profesión u oficio, tiene el derecho a la vida y el Estado tiene la obligación de protegerla. “Pero no se puede proteger la vida y se puede detener la ola de delincuencia sino se toman medidas urgentes en materia de investigación criminal, creo que en Honduras se ha entrado en mucho debate teórico, pero no tenemos el esfuerzo por aplicar una verdadera política de investigación criminal”, dijo.

Agregó que en la medida que la política de investigación criminal siga siendo deficiente, eso seguirá produciendo más violencia y en consecuencia el crimen organizado seguirá ganando terreno, desplazando la seguridad pública instituida por las instituciones gubernamentales.

En relación a la denuncia entablada por el CAH ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de abogados, Aguilar informó que la respuesta del Estado ha sido prácticamente nula, es decir, que no ha mostrado ningún avance en las investigaciones.

Dijo que este caso puede crear un caso de estudio permanente en materia de derechos humanos que puede afectar en el futuro la imagen del país en función que no cumple con su obligación constitucional de defender y garantizar la vida de sus ciudadanos y pone al país a las puertas de una nueva demanda internacional.