McLaren indicó que medidas como la firmada a principios de mes por la gobernadora Janet Napolitano, que establece severas sanciones en contra de negocios que empleen a trabajadores indocumentados, podría alejar las nuevas inversiones al estado.

"Estamos hablando de los negocios que estaban considerando abrir sus puertas en Arizona o expandir sus servicios, ahora tendrán que tomar en cuenta como parte de sus costos de operación las posibles sanciones de esta ley", dijo.

"Muchos inversionistas van a detener sus planes y esperar cautelosamente a ver que pasa en el estado, antes de invertir", agregó McLaren.

La investigadora sostuvo que el impacto de esta ley va mucho más allá de un posible éxodo masivo de inmigrantes indocumentados y sus familias a otros estados.

"La economía de EE.UU. está atravesando un mal momento, tenemos muchas compañías manufactureras que están dejando el país y este tipo de leyes obligará a los negocios a salir y buscar en otros lados la mano de obra que no podrán encontrar aquí", advirtió.

Señaló que un segundo efecto serán los negocios que comenzarán a cerrar y optar mejor por invertir en otros estados donde no tengan que vivir con tanta presión.

"Mucha gente ha especulado que esta ley sólo afectará a ciertos sectores como la construcción y la agricultura, pero yo creo que afectará por igual a todos los rubros, algo que podría ser devastador para nuestra economía en los próximos años", apuntó.

Bajo la nueva ley estatal que entrará en vigor el próximo 1 de enero, la licencia de operación de un negocio podría ser suspendida hasta por diez días en caso de comprobar que contrata indocumentados "de manera intencional".

En caso de cometer una segunda infracción en un periodo de cinco años, el negocio podría perder permanentemente su licencia de operación en el estado de Arizona.

La ley estatal, considerada como una de las más severas en todo el país en contra de la inmigración ilegal, requiere que la información presentada por todos los nuevos empleados sea verificada por el empleador mediante un sistema piloto de base de datos del Gobierno federal.

Se calcula que cerca de 140.000 negocios en Arizona tendrán que utilizar este programa que ha sido severamente criticado por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.

Por su parte, la Asociación de Contratistas de Arizona y los Empleadores de Arizona por una Reforma Migratoria presentaron una demanda el pasado viernes en la que solicitan que la controvertida ley no entre en vigor.

En su demanda, el grupo que representa una amplia coalición de negocios, asegura que la nueva legislación es inconstitucional ya que establece funciones migratorias al estado, cuando detectar la presencia de inmigrantes indocumentados es responsabilidad del Gobierno federal.

Julie Pace, abogada que representa ambos grupos en la demanda, aseguró que esta ley tendrá "un efecto devastador" en los negocios de Arizona.

De acuerdo con datos del Centro Hispano Pew, uno de cada diez trabajadores en Arizona es indocumentado.

"Vamos a llevar esta demanda hasta las últimas consecuencias, creemos firmemente que las leyes de inmigración son responsabilidad del Gobierno federal y Arizona está enviando el mensaje equivocado", aseguró la abogada.