Tegucigalpa
– La organización humanitaria Casa Alianza denunció
hoy que 679 jóvenes menores de 23 años han sido
asesinados en Honduras en lo que va del Gobierno del presidente,
Manuel Zelaya, quien asumió el poder el 27 de enero de
2006.
Según el informe, 80 de los casos se registraron en los
meses de mayo y junio.
Casa Alianza dijo que –según sus registros- 3.674
jóvenes han fallecido en condiciones violentas en el país
desde enero de 1998, cuando comenzaron a llevar un registro minucioso
de estas muertes.
Apuntaron que 1.019 casos se registraron en el gobierno del liberal
Carlos Flores (1998-2001) y 1.976 en el gobierno del nacionalista
Ricardo Maduro (2002-2005).
Indicaron también que el 34 por ciento de las víctimas
(1.255 casos) eran jóvenes menores de 17 años de
edad, y el 66 por ciento restante (2.419) hombres y mujeres de
entre 18 y 23 años de edad.
La mayoría de los jóvenes fueron muertos con armas
de fuego.
El informe se hace público en momentos en los que analistas
y la prensa internacional señalan a Honduras junto a El
Salvador y Guatemala, como los tres países más violentos
de América Latina.
Un nota de prensa publicada en diario
El País de España cita al experto español
en temas de género y violencia, Enrique Gomaríz,
diciendo que las cifras solo son comparables a las de las “guerras
civiles”.
Casa Alianza dijo en su informe que en un principio, las víctimas
eran personas “cuyas condiciones particulares eran de riesgo
y/o vulnerabilidad social”, es decir “niñez
en situación de calle, adolescentes pertenecientes a maras
o pandillas y otros que habían sido sometidos al sistema
de justicia o que poseían antecedentes de infracción
a la ley”.
Pero “también podemos afirmar que muchos de los casos
se siguen sucediendo con víctimas que se encuentran en
el lugar y en el momento equivocado, como es el caso de jóvenes
estudiantes, jornaleros que han sido ejecutados y encontrados
sus cuerpos en lugares descampados…”, agregó.
El informe señaló que la vorágine de violencia
que azota a Honduras es alimentada por factores como la proliferación
de armas, el limitado control sobre ellas, la impunidad al no
llevar a los tribunales a los responsables de estos crímenes
y la ausencia casi total de políticas de protección
social hacia los sectores más vulnerables de la niñez,
juventud y adolescencia.
Asimismo recomienda que las instituciones estatales responsables
de la prevención, investigación, persecución
y sanción de estos crímenes establezcan y dinamicen
estrategias urgentes y al más corto plazo para la atención
de este grave problema.
“Es necesario y preciso que las más altas autoridades
del país, manifiesten su oposición y repudio a las
ejecuciones sistemáticas de niños, niñas
y jóvenes en Honduras”, dice el informe.
También es impostergable que se realicen acciones conducentes
al desarme de la población y sobre todo que se aplique
la Ley de Portación de Armas, con el propósito de
minimizar la incidencia, y que se diseñen e implementen
políticas de protección social dirigidas a la niñez,
adolescencia y juventud y que las mismas garanticen el pleno goce
de sus derechos fundamentales, añade.
