Anoche, el Congreso Nacional de Honduras aprobó el Decreto Ley para exonerar a los adultos mayores del pago de los gravámenes generados por las operaciones que realizan en las instituciones financieras. Esta decisión se suma a la que se encuentra en vigencia hace 52 días mediante decreto legislativo 59-2023 que reformó la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados particularmente pertenecientes a la cuarta edad.
El Consejo Nacional Electoral informó en 2021, que los diputados elegidos para 2022-2026 tenían un promedio de 46.6 años; 26 eran Baby Boomers (1945-1964) y 52 pertenecían a la generación X (1965-1980). Como ente político el Congreso está apostando a cortejar a la masa de votantes adultos mayores, que han solido ser parte del denominado ‘voto duro’ dentro de los partidos políticos.
De acuerdo con Population Pyramid en 2023 había en Honduras 709, 785 personas adultos mayores, que sería la población beneficiada con la medida adoptada por el Congreso ayer, cuando les corresponda hacer operaciones en el sistema financiero.
Según la CNBS, en 2022 el total de depositantes (cuentas) llegó a 9,398,546. Para las instituciones supervisadas, las mujeres constituyen el 50.9% y los hombres el 49.1%; en las cooperativas de ahorro y crédito la participación de las mujeres es del 57.0% y la de los hombres el 43.0%. La participación de la mujer en la categoría de depositantes únicos resultó mayor que la de los hombres.
La LEY INTEGRAL DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR Y JUBILADOS DECRETO LEGISLATIVO NO. 199-2006 en su artículo 33 estipula: “ARTÍCULO 33. INCENTIVOS FISCALES. Las personas naturales o jurídicas que concedan los descuentos tendrán derecho a reducir de la renta bruta, para efectos del pago del Impuesto Sobre la Renta, el Cincuenta por ciento (50%) del monto que resulte de la suma total de los descuentos concedidos en virtud de la aplicación de esta Ley, los cuales deben ser debidamente sustentados con la documentación correspondiente.”
En consecuencia, los descuentos son asumidos en proporción de una mitad las empresas que lo otorgan y la otra mitad el fisco.
Los agentes económicos (hogares, empresas, Estado) hacen sus presupuestos anuales basados en las condiciones vigentes al momento de la formulación. Los gastos suelen ser más rígidos que los ingresos, por lo que, modificaciones en las entradas esperadas, obligan a la revisión inmediata de precios, puesto que ya sean salarios, rentas o utilidades, se ejecuta alguna actividad con la expectativa de que mejoren, no lo contrario. Las medidas adoptadas por el Estado para favorecer a determinados grupos, particularmente expuestos a vulnerabilidades, tendrán repercusiones de parte de los agentes a quienes corresponda aportar su parte que pueden culminar en una neutralización de las buenas intenciones