Tegucigalpa – La protesta de pacientes renales no cesa en la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, salida al norte de Honduras.
– Los manifestantes colocaron sillas y se sentaron en la carretera ante el inclemente sol para demandar que les aseguren sus tratamientos.
Tras varias horas de largas filas, un contingente policial logró habilitar uno de los dos carriles que de Tegucigalpa conduce al norte de Honduras.
Asimismo, se prevé que también se habilitará un carril de ingreso a la capital.
Los agentes policiales se apersonaron a la protesta que mantienen los pacientes renales en ese sector para dialogar con ellos para que habiliten los ejes carreteros.
Sin embargo, los pacientes se han apostado con sus sillas de ruedas para evitar el paso vehicular.
Los manifestantes exigen a la ministra de Salud Carla Paredes que agilice los documentos necesarios para continuar con sus tratamientos de hemodiálisis.
Los manifestantes, incluyendo adultos mayores en silla de ruedas, reclaman el derecho a elegir dónde recibir su tratamiento y exigen que se les acredite para seguir con la diálisis en el centro de su preferencia, rechazando la opción de otras empresas.
La situación ha alcanzado un punto crítico, ya que alrededor de 4 mil pacientes con insuficiencia renal crónica se ven afectados por la disputa entre dos empresas proveedoras de servicios médicos: Diálisis de Honduras S.A y Nefrocentro.
Ambas empresas ofrecen tratamientos de hemodiálisis y diálisis peritoneal, pero los pacientes insisten en recibir un trato cálido y humano, especialmente aquellos que son adultos mayores y se encuentran en condiciones de movilidad reducida.
La incertidumbre se ha exacerbado desde que dos empresas, en lugar de una sola, comenzaron a brindar servicios médicos a la población afectada. Porque muchos no aceptan el tratamiento del segundo proveedor de servicios.
Ante este panorama, los pacientes renales han optado por tomar medidas drásticas para llamar la atención de las autoridades de salud y exigir una pronta solución a este conflicto que pone en riesgo su acceso a la atención médica vital. IR