Tegucigalpa – El contrato de la nueva planta de energía eléctrica de Brassavola, ubicada en Villanueva, fue reactivado por el gobierno y el costo de generación de la misma será de más de 30 centavos de dólar el kilovatio, doblando el precio actual de 15 centavos el kilovatio denunció la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
La organización no gubernamental destacó que el contrato de Brassavola fue dado a la empresa Comercialización de energía Hondureña S.A (CEHSA) en 2008 a instalarse en Balfate, Trujillo y fue cancelado el 2014 con el fin de generar 150 megawatts.
Pero la actual administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció que el proyecto de CEHSA fue trasladado a Villanueva y generará más de 200 megawatss y en primera instancia será a base de diésel.
El diésel es considerado como la fuente más cara para generar electricidad en el país.
De acuerdo al investigador de la ASJ, Kevin Rodríguez, el precio del kilovatio con fuente de diésel será de 0.32 centavos de dólar, mientras que el resto del plantel térmico, que utiliza el bunker, tiene el costo del kilovatio en 0.14 centavos de dólar.
Igualmente se destacó que la empresa no contaba con la licencia ambiental habilitada para el mismo.
Las declaraciones de ejecutivos de la ASJ se realizaron en el programa Frente a Frente de Televicentro que modera Renato Álvarez.
De hecho en el programa se reprodujeron declaraciones del gerente interino de la ENEE y ministro de Energía, Erick Tejada, dadas en el mismo foro en junio del 2023 donde admitió que recibió imágenes de la construcción de un plantel de energía, pero señaló desconocer quien estaba a cargo de la construcción y afirmar que cualquier proyecto de energía debía pasar por su despacho y luego aprobarlo el Congreso Nacional.
Rodríguez había señalado que la nueva planta de Brassavola iba a absorver el 35 % de la facturación de la ENEE, pero lo anterior fue rechazado por Tejada, quien indicó que la empresa adquirirá energía por un monto de unos 30 mil millones de lempiras.
Si renegociaron contratos
El gerente interino de la ENEE aceptó que se renegociaron contratos de energía con varias empresas en base a la ley de energía que se aprobó el 2022 por el Congreso Nacional, a instancias del Poder Ejecutivo.
Tejada admitió que se renegociaron 32 contratos, pero hasta la fecha solo se firmaron memorándum de entendimiento con 18, los cuales fueron enviados a Casa Presidencial para su revisión y posteriormente se remitirán al Congreso Nacional para su aprobación.
Admitió que Brassavola comenzó a generar energía eléctrica sin que el contrato con la empresa esté aprobado por el Congreso Nacional, indicando que es una práctica que ocurre, detallando que actualmente hay una empresa térmica de las primeras que se crearon que vende energía sin tener contrato con la compañía estatal.
También indicó que cuando señaló el año pasado en Frente a Frente que no sabía de Brassavola, la compañía CEHSA no se había acercado a la ENEE para solicitar renegociar el contrato.
Justificó el contrato con fuente de diésel con Brassavola por la crisis energética que existe y señaló que la misma es regional, que otros países centroamericanos también han acudido a la generación con el mismo combustible para poder hacer frente a la demanda.
Criticó que el informe de ASJ está motivado políticamente y lo rechazó por tendencioso.
Investigación
A través del análisis exhaustivo de contratos de energía, contrataciones de emergencia y solicitudes de información a través del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), el capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, la ASJ descubrió prácticas que amenazan tanto la estabilidad financiera como el bienestar ambiental del país.
Durante la presidencia de José Manuel Zelaya, se declaró emergencia en el subsector eléctrico, dando paso a contratos directos, incluyendo uno otorgado a la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. (CECHSA) por 150 MW a base de carbón. A pesar de las advertencias del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre la inadecuación de estos contratos, el Congreso Nacional los aprobó, generando un precedente perjudicial.
El contrato con CECHSA, firmado en 2008, estuvo marcado por irregularidades desde su concepción. A pesar de los indicios de sobrecostos significativos (según el TSC era en exceso de los USD 1,560 millones durante la duración del contrato), este se mantuvo vigente durante años, sin entrar nunca en operación y en 2014 estuvo en proceso de cancelación.
El contrato nunca entró en operación en 14 años lo que causó un déficit en el Sistema Interconectado Nacional, obligando al país a depender del Mercado Eléctrico Regional. Sorprendentemente, en 2024, el contrato «revivió» bajo el nombre de «Brassavola», con modificaciones radicales en tecnología, duración y ubicación, lo que sugiere una preocupante falta de transparencia y rendición de cuentas.
El impacto financiero de estas decisiones es alarmante, con una alta dependencia en la generación térmica que ha llevado a una tarifa eléctrica nacional significativamente más cara que la de los países vecinos. La entrada en operación de la nueva planta de Villanueva representaría un aumento adicional en la tarifa del usuario final de al menos un 4 %, generando una presión financiera insostenible para la ENEE superior a los L 10,185 millones, lo que representa el 35 % del presupuesto para compras de energía de la estatal, y el gobierno.
La ASJ instó al TSC a realizar una auditoría exhaustiva de los contratos otorgados a CECHSA y otras empresas, al Congreso Nacional a no aprobar contratos lesivos para las finanzas del país, y a la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) a no permitir que los costos de generación se trasladen a los usuarios finales, y a la ENEE a culminar el proceso de depuración de contratos. De igual forma, se hace un llamado a los entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo a condicionar los financiamientos otorgados al país y a instituciones como la ENEE.
Los hallazgos de la investigación fueron denunciados por la ASJ, a través del centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), ante el Ministerio Público. (PD)