El crimen con uniforme – Proceso Digital Test

Tegucigalpa – Miembros de la Policía hondureña, encargados de la seguridad ciudadana, se han visto involucrados en diferentes modalidades del crimen ocurridos en los últimos días y que sus casos se han develado generando alarma en la población. Miembros de la carrera policial han usado la chapa y la pistola para cometer ilícitos, lo que se traduce en el crimen con uniforme.

– La ola de casos que involucra a policías con el delito ocurre en el momento que se pretende otorgar a la Policía la exclusividad de la investigación criminal eliminando a la ATIC como brazo del MP.

Desde agentes de escala básica de la Policía, pasando por efectivos de la de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), al igual que miembros de agencias especializadas, hasta detectives de la Dirección Nacional de Investigación (DPI), han sido noticias por haber transgredido las leyes que ellos mismos juraron respetar.

Recientemente, decenas de mujeres denunciaron ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que agentes encargados de la seguridad en el país realizan allanamientos, entre “cantos de gallo y media noche”, para hacer un uso desproporcionado de la fuerza y violentar sus derechos, acciones que las ponen en mayores situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

Lo anterior aprovechando el estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre de 2022, que permite que los agentes de seguridad pueden realizar allanamientos a todas horas del día.

Al menos 41 quejas fueron presentadas contra la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), 30 contra la Policía Nacional, 23 contra la Dirección Policial de Investigación (DPI), 9 contra la Policía Nacional Preventiva, 6 contra la Policía Militar del Orden Público y 1 contra la Policía Municipal.

Es de señalar que, Francisco Morazán y Cortés se han caracterizado por ser los departamentos más inseguros, asimismo, son los que se han encontrado bajo estado de excepción desde que esta medida se puso en práctica, en diciembre del 2022.

De las 110 quejas atendidas, el Conadeh identificó que, al menos, en 38 de ellas, los allanamientos se realizaron sin ninguna orden judicial.

Cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Padillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron detenidos acusados de secuestro y extorsión.

Agentes secuestradores y extorsionadores

El último de los casos que involucra a los agentes del orden con el delito es el de cinco efectivos de la Dipampco, acusados por secuestro y extorsión.

Los imputados responden a los nombres de Osmín Orellana Paz, Lester Nahún Uclés Andino, Andy José Pérez Zelaya, Dilmer Stiven Fúnez Espinoza y Enry Michael Cárcamo Molina, todos asignados al departamento de Seguridad y Transporte Urbano.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el modus operandi de los cinco agentes era de llamar a las víctimas haciéndose pasar por conocidos, al momento de contactarlos los subían a buses de la Dipampco, los llevaban a bordo por varias calles de San Pedro Sula hasta que se efectuara el pago del rescate.

Los imputados exigían montos de 100 hasta 300 mil lempiras por el rescate de las víctimas. Asimismo, se comprobó que si las mujeres eran las víctimas, las amenazaban con abusarlas.

En otros casos, les decían a las víctimas que si no pagaban por su liberación, le iban plantar drogas para presentarles acusaciones falsas, según el ente acusador del Estado.

Varios casos protagonizados por agentes de la DPI vinculados al crimen se han denunciado este año.

Policías asaltantes que implantaban pruebas

Otro de los casos que impactó a la ciudadanía fue el caso de ocho oficiales activos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), acusados de varios delitos. Todos quedaron con prisión preventiva luego de acudir a la audiencia inicial y decretarles formal procesamiento.

Los imputados responden a los nombres de Bayron Isidro Ramos Hernández, Josiel Fernando Rueda Núñez, Wilson Josué Durón Valladares, Carlos Noé Núñez Álvarez, Joel Renán Zambrano Banegas, Rodys Edgardo Hernández Casco, Walter Alexander Muñoz Muñoz y Denis Alfredo Estrada López.

El Ministerio Público los acusa por los delitos de asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, allanamiento de morada por funcionarios públicos, falsificación de documentos públicos y tratos crueles, inhumanos o degradantes por funcionario público.

De acuerdo a la relación de hechos, el 12 de enero de 2024, a las 4:40 de la madrugada cuando los acusados llegaron a bordo de dos vehículos tipo pickup sin placas, hasta una vivienda en la colonia Monte Fresco de San Pedro Sula, Cortés, y de forma violenta rompieron el portón e ingresaron, dirigiéndose a la habitación del ofendido para luego llevarlo hasta la sala donde fue víctima de golpes en todo su cuerpo, mientras otros efectivos registraban la casa.

Posteriormente, de haberlo golpeado lo interrogaron, preguntándole dónde guardaba el dinero, las drogas, las armas de fuego y bienes de valor, el ofendido les expresó que no tiene nada de eso, porque no se dedica a delinquir, todo ello mientras lo despojaron de dos Iphones, su cartera con documentos personales y dinero, un Apple Watch, un arma de fuego, además de tratar de boicotear el sistema de cámaras de la vivienda.

Después, de más de tres horas de tenerlo retenido ilegalmente y llevarlo a distintos lugares de SPS, los policías le exigieron la cantidad de 350 mil lempiras para dejarlo en libertad, pero el ofendido les dice que no tiene esa cantidad de dinero, posteriormente observa a uno de los agentes de policía que saca de su chaleco unas bolsas y las introduce a su mochila, cuando amanece lo llevan a las instalaciones de la DPI en SPS, incluso amenazándolo con matarlo.

Una vez en esas instalaciones y luego de presentar informes de investigación falsos, lo presentaron como miembro de una estructura criminal, implantándole para ello bolsas de cocaína, marihuana y un arma de fuego automática, tipo ametralladora marca UZI, continuando las amenazas en el sentido de remitirlo al MP con toda esa falsa evidencia, en caso de no darles la cantidad de dinero que le solicitaban.

La Policía debe seguir con el proceso de depuración. Así lo demuestra la realidad.

Siete policías acusados de robar 13 millones

En enero de este 2024, la Fiscalía acusó a siete agentes de la Policía por el robo de 13 millones de lempiras a un ciudadano en la Residencial Los Andes de San Pedro Sula.

Los acusados son Rigoberto Ramos Ramos, Omar Daniel Paguaga Sevilla, Emerson Gabriel Catillo Martínez, Luis Gustavo Martínez, Bryan Emmanuel Mejía Vásquez, Félix Manuel Hernández y Enar Moisés Ramos Ochoa. A ellos se les imputó por asociación para delinquir, robo con violencia e intimidación, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y falsos testimonios.

Los agentes pertenecen a la Unidad de Delitos contra la Vida de la DPI.

Los hechos establecen que el 29 de diciembre de 2023, antes de las 6.00 de la mañana en una vivienda de la Residencial Los Andes, los agentes rompieron el portón y se dirigieron al dormitorio donde estaba una caja fuerte que contenía más de 13.7 millones de lempiras, 240 tarjetas de débito pertenecientes a los clientes de una empresa, además los ahora acusados se llevaron varios relojes, lociones, joyas y un maletín con 460 mil lempiras.

Los agentes de la DPI hicieron el allanamiento sin orden judicial ni administrativa de un fiscal.

El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez ha sido el que en voz propia ha denunciado casos de corrupción de sus agentes.

Agentes antidrogas roban medio millón de cooperativa

Este mismo año también fue noticia el robo de medio millón de lempiras a una cooperativa comunitaria en Danlí por parte de efectivos policiales.

Este suceso fue perpetrado supuestamente por tres funcionarios policiales que son señalados por los delitos de abuso de autoridad y asociación para delinquir.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los imputados llegaron alrededor de las 2:30 de la tarde a la colonia San Cristóbal y sin orden judicial practicaron un allanamiento ilegal en una vivienda donde funciona una cooperativa comunitaria el 13 de noviembre de 2023.

Ese mismo día, se habían retirado las aportaciones para repartirlas entre los contribuyentes.

Los agentes antidrogas llegaron uniformados y con pasamontañas en un vehículo color gris, sin placas y con sirenas policiales, con la justificación que tenían en su poder una presunta denuncia que en esa casa harían un intercambio de drogas, ingresaron a la misma, en uno de los cuartos estaban más de 500 mil lempiras y procedieron a decomisarlo de manera falsa. (PD).